Aumenta el registro de empresas que recurren al procedimiento preventivo y Tucumán presenta casos resonantes

El año pasado presentó un récord de empresas que presentaron el procedimiento preventivo de crisis y llama la atención el número desde 2016 hasta aquí.

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El país atraviesa por un complejo panorama económico desde fines del año pasado. La inestabilidad cambiaria permitió que la inflación en los precios de los productos que consumen los argentinos se dispare y provoque la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos golpeando fuertemente a la economía nacional. Esta situación replicó en una gran cantidad de empresas que realizan a diario ajustes en sus gastos, incluyendo la reducción de trabajadores y en el peor de los casos bajando sus persianas definitivamente.

Este hecho quedó reflejado en el índice del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que registraron las empresas argentinas. De acuerdo a estos indicadores, el año pasado se registró el mayor número de presentaciones de este procedimiento en el país. En total fueron 108 las compañías que atravesaron por este proceso, poco menos de la mitad de las que se registraron en dos años (desde 2016 hasta la actualidad fueron 246 pedidos).

Tucumán no fue la excepción a la regla y la provincia también presenció casos resonantes de empresas que participaron de ese lamentable registro. Repasando esta situación, nuestro medio informó varios casos de gran resonancia dentro del territorio tucumano.

Quizás el que más impactó en 2018 dentro de la región fue el de Tarjeta Credimas, que se bien formalmente no ingresó en este proceso, estuvo a punto de hacerlo, de hecho fuentes cercanas informaron que la firmaba realizaba sondeos de acreedores (ver aquí). Lo cierto es que a fines del año pasado, la firma atravesó un intenso reajuste en sus locales que incluyó el despido de casi 100 empleados.

Otro caso que fue de notoria importancia dentro de Tucumán fue el del ingenio Ñuñorco, perteneciente al Grupo Colombres. Esta compañía culminó de la peor manera el 2018 con la intervención del Gobierno ante el conflicto con los trabajadores y la incertidumbre de la continuidad de la producción del mismo.

Los problemas financieros de los propietarios llevaron a pensar en el procedimiento preventivo de crisis, algo que no sucedió porque decidieron venderlo para salvar su otro ingenio, el Santa Bárbara. Finalmente, hace dos meses atrás, nuestro medio informaba (aquí) que este último ingresaba en convocatoria de acreedores.

Sin embargo, el último caso de gran impacto entre los tucumanos fue el de la cadena de supermercados perteneciente a Emilio Luque. Hace unas semanas atrás, la firma les comunicaba a sus empleados que no disponía del dinero para pagar sueldos y aguinaldos (ver aquí) y por ella razón se desató la protesta de los trabajadores.

Finalmente el Gobierno tucumano intervino y los empleados volvieron a sus puestos de trabajo, pero el empresario confirmó la semana pasada el concurso preventivo y dijo que ya analizan ofertas de empresas multinacionales y firmas locales, en busca de evitar la quiebra.

Cabe destacar que en la mayoría de las empresas que atraviesan por este proceso y que en algunos casos produce su cierre, tiene al menos cuatro ejes fundamentales: el aumento del costo de financiamiento, la caída del poder adquisitivo, el aumento en los servicios (electricidad, gas, agua) y la apertura importadora.

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