La ministra de Ambiente de Jujuy María Inés Zigarán explicó que “la asamblea del Consejo Federal de Ambiente ha solicitado que se profundice ese debate en el seno de la Comisión de Bosques Nativos” y advirtió que existe una fuerte tendencia del oficialismo por acelerar esa discusión y lograr un dictamen favorable en COFEMA. Aunque, señaló la ministra, "”el verdadero debate es el desfinanciamiento histórico de la ley”.
Zigarán recuperó para informar a la ciudadanía que la Ley 26.331 ha sido una de las leyes ambientales más importantes y una herramienta de gestión para evitar la desaparición de los bosques nativos, y observó que “frente a las dificultades que tienen la mayoría de las jurisdicciones para recibir los fondos previstos en la ley, por incumplimientos en las rendiciones de fondos de años anteriores y el retraso en la actualización de sus ordenamientos de la masa boscosa, Nación ha buscado introducir el debate de la reforma de la Ley".
En contraposición, la ministra jujeña expresó que la Dirección de Bosques que en su momento fue liderada por Estefanía Sánchez Cuartielles, funcionaria que llevó adelante junto con su equipo todos los procesos de mejora en materia de bosques en la provincia durante los últimos años. También, Zigarán informó que Jujuy es una de las dos provincias junto con Misiones, en cumplir acabadamente con la Ley y por eso fue la única en recibir de manera directa los fondos 2020 y ahora está en condiciones de recibir los fondos de la Convocatoria 2021. Sin embargo hoy la mayoría de las provincias tienen enormes dificultades, planteó, y añadió que “por eso entendemos que es necesario generar un mecanismo que permita transferir fondos a las provincias con rendiciones pendientes”.
En la última asamblea de COFEMA, recordó la funcionaria provincial, se votó por generar un mecanismo que les permita a las provincias ir recibiendo los fondos rendidos, aunque sea parcialmente, como sucedió con los fondos de las convocatorias 2018 y 2019. Pero indicó que “la operatoria” motorizada por el Gobierno Nacional en 2020 y a la que Jujuy se opuso férreamente “le quitó a las provincias el manejo directo de los fondos de bosques”.
“El problema hoy no es la ley, sino los mecanismos burocráticos establecidos para las rendiciones de los fondos”, expresó Zigarán, sumando que tal cuestión ha provocado una "bola de nieve que hoy afecta a la mayoría de las provincias”.
Señaló que “la problemática central respecto a la implementación de la ley de bosques es el incumplimiento histórico del Gobierno de la Nación en la constitución del Fondo de Bosques Nativos". Nación, siguió, “nunca lo constituyó como dice la ley con el 0,3 del presupuesto y el 2 % de las retenciones a las exportaciones de los productos primarios”, y por el contrario ha habido una tendencia al desfinanciamiento de la ley”.
“Si bien los fondos 2021 han experimentado un importante incremento, no llegan ni al 5 % de lo que establece la Ley 26331”. “No es posible que hoy por conservar bosques nativos, el presupuesto nacional destine alrededor de 20 pesos por hectárea por año, mientras que para la promoción de los bosques cultivados se destinen 56 pesos”; “ése es el verdadero debate que hay que dar", dijo Zigarán.
Pero, ¿cuáles son las modificaciones, que están siendo analizadas por las jurisdicciones? Zigarán indicó que la provincia de Jujuy tiene reparos. “Una de las modificaciones es la eliminación de la categoría verde de los ordenamientos, con lo cual dejarían de existir zonas donde puedan hacerse cambios de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas”, indicó, y expresó que Jujuy considera que deben introducirse restricciones, pero no eliminarse la categoría ni establecer prohibiciones de cambios de uso de suelo taxativas, porque eso afectará a las economías de la región NOA y NEA, que tienen más de la mitad de la superficie de bosque de la Argentina. “Esto puede significar una vulneración a la potestad que tienen las provincias respecto a sus ordenamientos y el manejo de sus recursos naturales, puede afectar el derecho a la propiedad privada y fundamentalmente puede producir impactos en términos de desarrollo, inclusive en comunidades que viven en zonas boscosas”, ahondó.
Además, la ministra jujeña de Ambiente dijo que el proyecto incluye una penalización del desmonte con “una tipificación laxa, abierta que puede ser muy riesgosa en la administración de la justicia penal. Como está redactado es una peligrosa herramienta en una materia tan sensible como el derecho penal que pone en riesgo la libertad de las personas”.
También, indicó que se pretende transferir a las provincias los fondos de bosques a través de coparticipación. “Jujuy se opone férreamente a este mecanismo, los fondos de bosques deben venir a las provincias de manera directa, pero no estar sujetos a los vaivenes de los fondos coparticipables”.
Finalmente, Zigarán expresó también que Jujuy considera que deben introducirse modificaciones a la Ley de Bosques Nativos como la consideración del componente de biodiversidad en la asignación de los fondos, y también el enfoque de cambio climático, además de profundizar un enfoque intercultural que ha sido reclamado por los pueblos indígenas. “Ninguna de estas propuestas está en el proyecto que promueve hoy el gobierno nacional”, manifestó, y por eso anticipó que Jujuy dará un fuerte debate al respecto.
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