“Vamos a presentar en el Congreso de la Nación a los diputados de la comisión de Industria el pedido de declaración de Emergencia Nacional Pyme, en el marco de un proyecto o apoyando distintas configuraciones de proyectos que se estén presentando por separado como el de la emergencia tarifaria, el de emergencia productiva, y de alguna medida especial de simplificación de procesos preventivos de crisis”, informó Leo Bilanski, presidente de la asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).
El representante de empresas pequeñas y medianas destacó que según el relevamiento que realizaron antes del último tarifazo, “una de cada dos empresas industriales pymes está en situación de vulnerabilidad”. Agregó que por ello, las “empresas que puedan trasladar” los incrementos “a precios” van a “poder pasar el invierno”, pero “los que no puedan trasladar estos aumentos de costos, que no solo son de servicios públicos” sino que también reciben el impacto de los costos “dolarizados”, no van a poder continuar trabajando.
La ENAC destacó en un comunicado que “la devaluación, los aumentos de los combustibles, de transporte, de los insumos, de los servicios públicos, de los costos de financiación sumado a la caída del mercado interno y la presión a la baja de los salarios formales, no hacen más que exacerbar el ‘efecto tenaza’ que terminará cortando al eslabón más débil de la cadena productiva, las pymes”.
Los empresarios nacionales “reclaman a los diputados y senadores nacionales” que declaren la emergencia nacional y que incluya la emergencia tarifaria, “con un congelamiento de tarifas de todos los servicios públicos al año 2017. También demandan declarar la emergencia productiva para la industria y las economías regionales “que estén a menos del 50% de su capacidad utilizada”, lo que implica la “suspensión de embargos, ejecuciones judiciales y la simplificación del proceso preventivos de crisis”, y que se incluya un programa de recuperación productiva para pymes.
Por otra parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) exigió en un comunicado “declarar la emergencia fiscal de las Mipymes, que son el 95% del total de las empresas existentes, suspendiendo por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales por deudas hasta el 31/03/2018 con refinanciación y moratoria a 120 meses de todas las deudas consolidadas, incluidos los planes caducos y deudas en trámite administrativo y judicial”.
Los sectores nucleados en dicha Asamblea expresaron que “es indispensable que las autoridades, además de tomar nota de la ola de embargos, actúen para que las empresas que proveen más del 70% del empleo no lleguen a esta instancia”.
“El sector de las pymes está en emergencia, y es urgente debatir y establecer políticas diferenciadas que contemplen su situación”, agregaron desde esa entidad, al tiempo que exigieron “una verdadera agenda industrial y pyme” que “debe proponerse metas de desarrollo equitativo en beneficio de todos los sectores del trabajo y la producción nacional”, sostuvo Apyme.