El contexto las desfavorece, salvo por algunas cuestiones que en ciertos rubros pueden alentar una mayor actividad, como es el caso del turismo. Algunas políticas públicas pueden representar un alivio, pero no alcanzan para dar dinamismo a las tareas. Afectadas por la contracción del consumo, la presión tributaria provincial, el costo "inaccesible" del financiamiento, la inflación y el alargamiento de la cadena de pago, muchas pequeñas y medianas empresas tucumanas recurren a estrategias propias para intentar sobrevivir.
Desde la reducción de jornadas laborales hasta el congelamiento de los planes de inversiones, pasando por una diversificación de tareas y un ahorro de costos que llega a las cuestiones más cotidianas, la creatividad se pone el servicio de ver cómo pasar la crisis.
Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo, las empresas de menos de 200 trabajadores son el 99% de las 605.000 firmas del país y concentran el 65% del empleo privado. En 2018, según la Unión Industrial Argentina (UIA), cayó 5% la actividad de las pymes industriales (a nivel general la caída fue de 3,5%).
La suba a $17.500 del monto de los salarios que queda al margen de la base para calcular las cargas patronales implica un ahorro promedio de $19.000 mensuales para las empresas. Sin embargo, es una medida tomada en medio de la recesión y el efecto será para establecimientos que representan 4,4% del total y 2,7% de los puestos en blanco.
Una encuesta del Grupo SET hecha entre 325 pymes muestra que solo 30% sabe a ciencia cierta si en 2018 ganó o perdió plata; de ese total, 70% afirmó que perdió y los que no tienen certeza se inclinan en su mayoría por considerar que hubo un resultado negativo. El 45% redujo su stock físico. Para este año, el 80% no tiene planes de inversión.
El diagnóstico de la UIA incluye problemas estructurales y la entidad tiene un listado de propuestas para resolverlos. Una cuestión es la escasez y concentración del crédito, que cayó (descontando la inflación) 18% entre diciembre de 2018 y ese mes de 2017. Canosa explica que una buena parte de la retracción se dio por las altas tasas de interés.
En materia tributaria, Ingresos Brutos, la carga cobrada por la provincia, genera "preocupación" y complicaciones por lo heterogéneo de la realidad entre las jurisdicciones. "Se acumulan saldos a favor que no se devuelven y tampoco se pueden tomar a cuenta. Hay que hacer un esfuerzo de coordinación entre todas las jurisdicciones; lo mismo se da a nivel nacional", aseguran.
Entre las cuestiones que la UIA incluye como de rápida necesidad de solución están los costos de logística: el combustible subió 70% en 2018 en un país donde 90% de la carga se mueve por camión. Y potenciar el uso del ferrocarril es clave para avanzar en alternativas.