Desde este lunes entró en vigencia la decisión del Gobierno nacional de eliminar el registro de importación de petróleo y combustibles, con lo que dio respuesta -mediante el Decreto 962 del 27 de noviembre- al reclamo de las empresas petroleras, según las cuales la medida es necesaria para la desregulación plena del mercado local.
Con un mercado de combustible liberado y desregulado las petroleras ya analizan un nuevo incremento de naftas y gasoil que no se produciría más allá del 10 de enero y se realizaría en función de variables como la cotización del dólar y el costo internacional de crudo. Si bien es cierto que aún no se definió cuanto será el incremento que sufrirán los combustibles, se estima que no supere el 5% de aumento.
El argumento de las petroleras es que resulta insostenible mantener congelados los precios con el salto que tuvo el tipo de cambio el mes pasado y tras la suba del barril de crudo en el mundo. YPF será la primera en remarcar sus precios y luego la continuarán las restantes compañías petroleras.
Los precios en los combustibles variará entre 3 y 5 por ciento de aumento, de esta manera la nafta Súper pasará de $24,99 a $26,42, la premium de $28,08 a $28,80 y gasoil 500 de $21,81 a $22,36, por su parte el diésel euro de $24,37 a $24,59.
El último aumento dispuesto en las estaciones de servicio se produjo en las primeras horas del 2 de diciembre cuando las compañías dispusieron un ajuste del 6% en todos sus productos, argumentando el incremento del precio internacional del crudo y el reacomodamiento de valores de los biocombustibles.
Las empresas que dominan el mercado nacional de combustibles son las petroleras YPF, con una participación del 55% del total; Shell con el 21%; Axion con 12%; Pampa (ex Petrobrás), en proceso de venta a Trafigura, con 6%; Oil, con 4%, y el resto se reparte entre compañías menores.