El proceso de transición cada vez va llegando a su fin y los argentinos están más cerca al 10 de diciembre, día en que se producirá el cambio de Gobierno en el país. Sin embargo, más allá de lo político, la economía ocupa un rol central en los debates y análisis de los especialistas.
En este sentido, una buena se asoma para el sector productivo, al menos eso parece a priori por lo anunciado por las fuentes cercanas a Alberto Fernández. Sucede que el funcionario está dispuesto que, en su Gobierno, se derribe un mito: abrir las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo, para que, por ley, se actualicen a la economía moderna.
Para esto, el presidente electo exigirá que haya acuerdos previos sector por sector entre los privados y los sindicatos, avalados por los ministerios de Trabajo y Producción y la jefatura de gabinete. Los acuerdos tendrán además un marco “de apoyo” desde el Gobierno nacional, sobre el que se les garantizará un grado de protección adecuado en cuanto a la apertura de importaciones, el acceso a nuevos mercados y líneas de créditos y financiamientos para “reconversión productiva”.
Entre los primeros rubros que abrirían las negociaciones están tres en agenda: los petroleros de Vaca Muerta, las automotrices y los fabricantes de electrodomésticos radicados en Tierra del Fuego bajo el sello de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).
Luego, si la experiencia en estos rubros (más otros que se puedan agregar), es exitosa; podrían ir sumándose otros sectores con convenios colectivos desactualizados, pero con la condición innegociable del acuerdo previo con la intervención del sindicato correspondiente.
Reconoce el “albertismo” que la vigencia de convenios que, en muchos casos, tienen una antigüedad de más de 50 años y que fueron diseñados en tiempos en los que ni siquiera existían las computadoras (mucho menos internet y la robótica); debe ser muy actualizada. Y que para poder competir con el exterior y llegar a mercados nuevos, se hace necesaria una revisión en muchos de los acuerdos laborales vigentes.
Lo que el próximo gobierno no está dispuesto a avalar, son reformas laborales de flexibilización de las condiciones de trabajo similares a las que aplica el Brasil de Jair Bolsonaro. Esta visión de Alberto Fernández de abrir discusiones “sector por sector” que deriven en acuerdos globales pero puntuales a un área específica de la economía real.