Desde un tiempo a esta parte, el propósito de Tucumán es promover el uso de biocombustibles en la industria, maquinarias y el transporte de pasajeros y de cargas de la provincia con el fin de promover el desarrollo de las actividades productivas del sector energético y proteger el medio ambiente. Sin embargo, este propósito se ve imposibilitado debido a las diferencias entre el Gobierno y los productores tucumanos.
El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el nuevo precio del bioetanol de caña, que quedó fijado en $24,91 por litro. Por esta razón, desde el sector industrial aseguraron que es necesario que se modifique la fórmula implementada por la Secretaría de Energía de la Nación para establecer el valor de ese producto, que se obtiene de la caña de azúcar y es mezclado con las naftas.
Esta situación de crisis en el sector azucarero, alertó a los funcionarios provinciales quienes se expresaron respecto a esta situación. Una de las principales figuras políticas que exclamó por una solución a corto plazo es la senadora nacional Silvia Elías de Pérez quien, junto a sus pares Mario Fiad y Silvia Giacoppo, intentan que se declare la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción sucroalcoholera.
"Esta actividad sostiene a más de 60.000 tucumanos. Es por eso que, junto a senadores de otras provincias, solicitamos que se declare la emergencia del sector. Buscamos que a quienes integran el sector se les otorgue una forma de pago de sus deudas, que se les concedan créditos blandos para que puedan iniciar la zafra y una moratoria para que puedan estar al día con los impuestos y las cargas previsionales”, expresó la funcionaria tucumana.
Y no es para menos porque, con una producción promedio de 1,3 millones de toneladas anuales en Tucumán y donde funcionan 15 ingenios, se concentra el 60% de la producción nacional de azúcar. Es la principal actividad agroindustrial de la provincia y genera más de 50.000 puestos de trabajo.
Es por eso que esta situación viene desde hace un tiempo siendo reclamada por los funcionarios provinciales. Juan Luis Fernández, ministro de Producción de la provincia, en diálogo con IN Tucumán había expresado esta inquietud: “En la industria azucarera tucumana, el bioetanol tiene por detrás una enorme cadena de producción, mucha gente involucrada con un movimiento económico que es fundamental para la provincia y demás. Por ello, estamos viendo de implementar una política que le dé a los biocombustibles el lugar que le corresponde”.
El ministro detalló que el pedido a la Nación es bastante claro y no solo involucra a la industria tucumana, sino al resto de las provincias que integran la Liga Bioenergética (Santa Fe, Córdoba y Salta). “Queremos tener la certeza de que los biocombustibles van a ser una parte fundamental en la matriz energética del país y que van a tener el tratamiento que corresponde. Tratándose de productos que disminuyen la emisión de gases de efectos invernaderos y que, por otro lado, son fuentes de trabajo en economías regionales”.
Por el lado de los productores, el presidente de la Cámara Sucroalcoholera Argentina y titular de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, expresó que “con la última modificación que implementó el gobierno nacional en la fórmula de actualización del precio del bioetanol -el noveno cambio en los últimos meses-, se llevó a la actividad a producir casi a pérdida, con un retraso importante en los valores y sin ningún tipo de previsibilidad".
El dirigente industrial, quien es propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes (ingenio La Florida), advirtió que "la actividad azucarera atraviesa una grave crisis y todavía no arrancaron la zafra tres ingenios tucumanos: el Santa Bárbara, el San Juan y el Ñuñorco, con riesgo de no producir este año". Y agregó: "La situación es desesperante para una actividad de la que dependen 200.000 personas".
Habrá que esperar para saber cómo se soluciona esta inquietante problemática que aqueja al sector. Por lo pronto, el proyecto que se intenta llevar adelante contempla entre otros puntos, regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas (AFIP) y de la seguridad social (Anses) vencidas y por vencer, y abarca a las producciones de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Misiones.