La semana pasada el paro de ómnibus impulsado por la Unión Tranviarios Automotores (UTA), en reclamo de los haberes de junio, provocó trastornos, malhumor, demoras y pérdidas económicas de todo tipo. Este conflicto que tiene a los empresarios, gremios y Gobierno como principales autores, genera un perjuicio a toda la sociedad.
En Tucumán se vivieron cinco días sin transporte urbano y eso tuvo todo tipo de repercusiones, principalmente económica para aquellas personas que debieron movilizarse sí o sí y lo hicieron en taxi en la mayoría de las ocasiones y, en general, para presentarse en su lugar de trabajo.
Pero esta situación también afectó a los comercios de la Capital, principalmente a los del microcentro. Durante esos días sin colectivos, los comercios aquejaron una disminución en sus ventas que fue en promedio del 70% y resaltaron que se debió a que la gente no tenía forma para llegar al centro, sumado al receso invernal.
Finalmente el paro se solucionó parcialmente y los colectivos comenzaron a funcionar, pero no por mucho tiempo. Ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias, UTA determinó un paro con cese de actividades entre el jueves y viernes de esta semana, por lo que habrá que buscar nuevamente alternativas para realizar los trámites cotidianos.
En la provincia, como última manifestación, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) solicitó al Gobierno provincial una eximición de los impuestos argumentando que el sector atraviesa una profunda crisis como consecuencia de los problemas económicos del país. En la presentación, que lleva la firma del presidente Jorge Berretta, se pide "eximir de pagos de los ingresos brutos a la actividad", "eximir del pago del impuesto a la Salud Pública" y "bonificar el 100% del impuesto automotor".
Desde la provincia acusan que es el Gobierno nacional quien no envía los subsidios correspondientes, alegando un conflicto de intereses políticos. Desde la Nación, en tanto, advierten que desde la provincia no se cumplen los requerimientos necesarios y por ello no se envían los fondos correctamente. En medio de esta disputa, los que quedan en el medio y se ven damnificados son los usuarios, que necesitan recurrir a alternativas más costosas para cumplir sus obligaciones, como así también las empresas, que sufren el impacto de la falta del consumo y en algunos casos el reconocimiento del traslado de sus empleados.