En la última semana un nuevo paro de transporte puso en evidencia un viejo trastorno que padece la provincia: el negocio del transporte urbano e interurbano de pasajeros. La falta de pago de una remuneración acordada con los choferes, un nuevo aumento del boleto, la falta de subsidio y otras diferencias económicas entre empresarios del transporte y sus trabajadores, se solucionaron con un crédito otorgado por el Gobierno tucumano. Pero, ¿Quiénes son los verdaderos encargados de manejar este millonario negocio?
De acuerdo a los registros de la Secretaría de Transporte de la Nación, entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, unas 56 empresas de transporte de pasajeros de Tucumán recibieron $ 1.485 millones en concepto de subsidios directos y compensaciones complementarias.
Además, según lo informado por La Izquierda Diario, se beneficiaron del subsidio al gasoil, que compraron a $11 el litro cuando en el precio de mercado ya está llegando a los $ 33,76. Tomando la evolución en los precios del gasoil, y considerando un promedio de 53.371 litros de consumo mensual promedio por empresa (según estadísticas de la provincia), las 56 empresas habrían recibido de manera indirecta un subsidio de 494 millones de pesos adicionales.
Si a esto le sumamos los $ 20 millones que el gobierno provincial venía girando mensualmente desde el mes de junio son $ 2.100 millones de pesos que recibió el sector solamente en subsidios. Datos que también coinciden con la información periodística. Para tomar una dimensión de la magnitud que se le transfiere de las arcas públicas a estas empresas, consideremos que un colectivo para transporte urbano Mercedes Benz modelo 1621, 0km, cuesta $3 millones.
Es decir, que solo con lo que perciben de subsidios podrían comprar 700 coches nuevos anualmente. Cada dos años podrían renovar por completo el parque automotor. Otra fuente importante de ingresos es la venta de pasajes. No disponemos de esta información, pero podemos estimar un cálculo aproximado en función de la cantidad de pasajeros (3.150.177 pasajeros anual por empresa) y asumiendo la tarifa interurbana (la más baja de la provincia).
Esto arrojaría un ingreso anual aproximado de $42 millones de pesos por empresa en 2018. Subestimando la facturación, para el conjunto del sector un ingreso por venta de pasajes de $ 2.400 millones de pesos en 2018. Casi lo mismo que perciben por subsidios del Estado. Considerando el salario bruto promedio de $ 40 mil, con 3.700 empleados en el sector, la masa salarial aproximada debería rondar los $ 1.900 millones de pesos, menos de la mitad de lo que recaudan por subsidios y venta de pasajes.
Pero el reparto de este botín se concentra en pocas manos. El 65% de estos subsidios se reparte entre las primeras 15 empresas de las 56 que componen el listado de empresas beneficiarias. A su vez, estas empresas pertenecen a un puñado más reducido de empresarios. Jorge Oscar Berretta, vicepresidente de AETAT, y dueño de las empresas Tandilense SRL, La Nueva Fourier SRL, y Leagas SRL. Por estas tres empresas percibió $ 21 millones en noviembre de 2018. Unos $ 250 millones en el último año.
La cúpula de AETAT se completa con César Carlos Atim, secretario de AETAT, dueño de El Ceibo SRL, Transporte Yerba Buena SRL, y Transportes Asociados SRL. Por estas tres empresas percibió más de $ 150 millones en 2018. Otro importante empresario del transporte es Alcides Courtade, dueño de Cerro Pozo SRL, Illages SRL, Nuevo Puesto SRL, y Gral Belgrano SRL. A través de estas empresas recibió 15 millones de pesos en noviembre. En el año fueron más de $ 150 millones. Guillermo Carceller, dueño de El Corcel SA y Lince SRL percibió más de $ 80 millones en 2018 por subsidios directos de la nación.
Es decir que estos cinco empresarios concentraron la mitad de los subsidios directos de la Secretaría de Transporte de la Nación.