Esta medida contempla que se generen menos cargas fiscales y un crédito fiscal que costará $1.900 millones por años. Se pondrá en marcha también en los próximos días, Repro express, para evitar los miles de despidos. La normativa fue impulsada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el de Trabajo, Jorge Triaca y está destinada a firmas con contratos irregulares como aquellos que permanecen en regla.
Básicamente lo que se busca con esta medida es que “las empresas no despidan al empleado formal y formalicen al que tienen en negro, que les sale más barato”, así aseguraron desde el gobierno. Sin embargo, no es el único objetivo sino que también existe un fin recaudatorio ya que el sector en negro podría aportar al estado unos $2.600 millones luego del blanqueo y debido al aumento de recaudación de IVA y Ganancias que ello produciría.
Esta normativa se da en medio de la crisis que sufre la empresa textil Alpargatas S.A. a nivel nacional, pero con un foco de mayor alarma en nuestra provincia donde se suspendieron a 1.100 empleados (85% de la planta) y se anuncia una suspensión total a los más de 1.300 empleados de la fábrica debido a las bajas de la ventas. Además llevaría tranquilidad a los empleados a la hora de hablar de despidos.
En resumen, lo que busca el gobierno con esta medida es la “informalidad cero” en una ley que contempla:
- La reducción de las contribuciones patronales
- Un bono fiscal para las empresas que se acojan al nuevo régimen
- Mayores sanciones a quienes se mantengan entre las sombras (Las empresas que incumplan perderán los beneficios y pasarán a integrar el registro de empleadores públicos con sanciones laborales (Repsal) por trabajo no registrado, trabajo infantil y trata de personas).
- El Estado, en lugar de las empresas, deberá cubrir el bache de aportes y contribuciones con las que se sostienen jubilaciones y pensiones que paga la ANSES.