La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC no es un episodio técnico. Es un hecho institucional con un contenido económico muy concreto: la decisión del Poder Ejecutivo de postergar la implementación de un IPC con ponderadores actualizados, pese a que el propio Gobierno había aceptado esa actualización como parte del proceso de mejora estadística comprometido con el FMI.
El debate público, como suele ocurrir, se “metodologizó” rápido: si el nuevo índice da más o menos, si cambia poco o mucho, si el salto sería de décimas o de puntos. Pero el punto central no es el detalle del cálculo, sino la lógica de la decisión. Un índice de precios no se cambia para que “dé” un número conveniente. Se cambia para que mida mejor lo que pretende medir. Postergar una mejora porque su resultado puede ser políticamente incómodo equivale a admitir —aunque no se lo diga— que el Gobierno prefiere preservar una narrativa de inflación más baja antes que fortalecer la calidad del termómetro.
De hecho, hay un dato objetivo que no se discute: el IPC actual se apoya en ponderadores construidos con la Encuesta de Gastos de los Hogares 2004–2005. El cambio que se venía trabajando buscaba actualizar esas ponderaciones con la ENGHo 2017–2018, lo que reordena el peso relativo de todos los bienes y servicios, e incrementaría la ponderación de algunos rubros donde hoy el gasto es mayor (transporte, servicios, y en particular servicios públicos/energía) respecto de lo que era hace dos décadas (aunque, vale notarlo, la encuesta base también tiene ya varios años).
El ministro Caputo sostuvo que el Gobierno prefirió esperar a que “el proceso de desinflación esté consolidado” antes de lanzar el nuevo IPC, en parte porque el nuevo índice podría arrojar una inflación más alta. Ese razonamiento, más allá de su intención, es conceptualmente problemático por tres motivos.
El primero es el orden causal. La credibilidad de un proceso de desinflación se fortalece cuando la medición es robusta, transparente y predecible. Postergar una actualización metodológica por el temor a su efecto numérico hace lo contrario: introduce la sospecha de que el termómetro se mueve según conveniencia. Y en Argentina, donde existe memoria reciente de manipulación estadística, esa sospecha pesa más de lo que pesaría en otro país.
El segundo motivo es el daño contractual. El IPC no es solo un número para titulares. Es un precio “ancla” para contratos: jubilaciones, salarios, alquileres, deuda indexada, cláusulas CER, tarifas, acuerdos privados. Cambiar el índice tarde o temprano es inevitable si se quiere mejorar calidad; pero cambiarlo con la explícita motivación de “esperar a que dé mejor” contamina el activo más importante que tiene un índice: su neutralidad. Y cuando la neutralidad se ensucia, los agentes ajustan: piden más cobertura, acortan plazos, exigen tasas mayores o indexaciones alternativas. El costo de esa desconfianza puede ser superior al “beneficio” de haber mostrado, por unos meses, una inflación más baja.
El tercer motivo es la consistencia técnica. No hay nada extraordinario en que un IPC actualizado muestre una inflación distinta. Eso no implica que el IPC anterior “mintiera”; implica que medía con una estructura de consumo vieja. En términos estadísticos, el índice vigente y el índice actualizado miden lo mismo (variación de precios al consumidor), pero con canastas distintas. Si los hogares, según la ENGHo 2017/18, destinan relativamente más a servicios que en 2004/05 —y si los servicios vienen subiendo más por recomposición tarifaria— entonces es esperable que el IPC actualizado registre una inflación algo mayor en ciertos tramos. Precisamente por eso se actualiza: para capturar la economía real de los hogares actuales, no la de hace veinte años.
En síntesis, si el nuevo IPC es mejor —porque usa ponderadores más representativos, porque se alinea con estándares y porque responde a un compromiso explícito de mejorar medición— entonces lo lógico es implementarlo y administrar su transición con profesionalismo (series empalmadas, explicaciones claras, publicaciones paralelas por un tiempo si hiciera falta). Si no es mejor, entonces debe explicarse técnicamente por qué. Pero lo que resulta difícil de defender es un “ni”: no se cuestiona la calidad del nuevo índice, pero se lo posterga por temor a su número. Esa es la lógica que transforma una discusión técnica legítima en una controversia institucional evitable.