La Justicia Federal ya analiza la ordenanza antiazúcar

El gobierno provincial junto al arco representativo del azúcar realizó hoy una presentación judicial ante la Justicia Federal de Tucumán.

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El gobierno provincial junto al arco representativo del azúcar realizó hoy una presentación judicial ante la Justicia Federal de Tucumán para que “se deje sin efecto la ordenanza” de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba que restringe el uso del dulce producto en los lugares gastronómicos cordobeses.

“Acompañamos a los factores azucareros promoviendo ante la Justicia Federal local una acción de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar para defender los intereses de la actividad azucarera en plano”, indicó el Fiscal de Estado, Daniel Leiva.

A su vez, el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (Cart), Julio Colombres, comentó que desde otros sectores también se promoverán acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “con la misma lógica de proteger al sector azucarero ante esta norma dañina e inconstitucional”.

El titular del grupo Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, elogió la gestión del gobierno de la Provincia y su “invalorable acompañamiento” de lo que llamó la “demonización” del azúcar al aplicar esta ordenanza.

“Queremos educar y usar el azúcar de forma responsable por eso no nos vamos a quedar quieto y agradezco al gobierno de Juan Manzur que este en igual línea”, indicó.

“Perjudica a la actividad y nos quita la libre elección, además de ser discriminatoria e inconstitucional”, opinó a su turno José García de la Federación de Defensa al Consumidor (Fedecus), José García. En ese sentido se preguntó “¿porque el cigarrillo que es perjudicial para la salud se exhibe y el azúcar ahora no?”.

Por su parte, Sergio Fara, titular de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (Ucit), entendió que el producto “está dentro del Código Alimentario” y “una ordenanza no puede ir contra una ley” agregó: “vamos a acompañar con la fuerza que sea necesaria y recurrir a las más altas esferas para que sea derogada porque se nota que detrás de esto hay intereses políticos y económicos”.

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