El martes pasado, nuestro medio entrevistó a Pamela Zelaya, dueña de una peluquería ubicada en barrio Sur de la capital tucumana, la trabajadora nos contó en líneas generales el difícil momento que está atravesando desde su sector (ver aquí).
En este sentido, IN Tucumán quiso ahondar un poco más sobre el tema, es por ello que conversamos con el economista Eduardo Robinson quien nos dio su opinión respecto a la problemática que tiene en vilo a los trabajadores monotributistas ante el aislamiento social en Tucumán.
Son muchos los rubros que se encuentran en esta preocupante situación económica ante el aislamiento social en nuestra provincia, como es el sector de los monotributistas ¿Qué cree conveniente que debería hacer el Estado para ayudarlos?
Toda la economía está atravesando una situación muy delicada, pero los sectores de servicios, peluquerías, restaurantes, hotelería, comercios, entre otros, son lo que se llevan la peor parte. Si bien el gobierno ha tomado algunas medidas para mitigar los efectos de la parálisis de la economía, entre ellos, los más relevantes, la disminución de aportes patronales y el Ingreso Familiar de Emergencia, aún no han sido lo suficientemente eficaces como para contrarrestar el daño de la actividad. Hay que tener en cuenta, además, que eran sectores, que ya venían con serios problemas de actividad, dada la recesión económica. El gobierno debería agilizar las ayudas directas a esos sectores, con un plan de por lo menos 120 días; en este sentido, creo que está en la dirección correcta con el IFE.
Teniendo en cuenta que podría existir la posibilidad de que los bancos brinden créditos blandos a monotributistas de categorías C y D, o para aquellos que fueron recategorizados como Responsables Inscriptos, ¿Qué efectos tendría la economía de estas personas?
Lo que hay que preservar por todos los medios, es de que cierren empresas y suba el desempleo, y que por lo tanto, se complique aún más la situación social. Con lo cual, habilitar créditos a tasas muy bajas, es una forma de amortiguar los efectos de la parálisis, pero lo que estamos viendo son medidas sueltas del gobierno, y no hay un plan de emergencia integral de 120 días para evitar dos cosas: por un lado, la elevada incertidumbre, y por otro que se quiebre aún más la cadena de pagos. Lo que hay que entender, es que la cuarentena, como toda decisión implica costos y beneficios, y los beneficios tienen que ver con disminuir los efectos negativos de la pandemia, por ejemplo que colapse el sistema de salud, y por supuesto, evitar fallecimientos. Pero, el costo es la inactividad y por lo tanto hay que financiarla. Por ello, no se puede encerrar a la gente sin calcular los costos y sin un plan integral.
Es por ello que esta medida no es una solución, es un mero paliativo, que financie el encierro. La solución aún está muy lejos, implica ir normalizando el nivel de actividad económica y eso depende de cómo se hagan las cosas ahora, para el día en que pueda haber cierta normalización en las actividades. Si cierran empresas y hay un agravamiento del cuadro social, el día después será más difícil.
¿Qué solución cree que podría ser conveniente en estos casos?
Es una situación de enorme incertidumbre, por eso, lo mejor sería que el gobierno, sectores empresarios y sindicatos, avancen en el diseño de una Plan de Emergencia Integral, que esté enfocada en cuidar la fuentes de trabajo y alentar al sector productivo. Con la sola emisión de moneda, para atender las necesidades, no alcanza, eso crea un problema inflacionario. Por ello, de manera simultánea, tiene que crear fuertes incentivos a la producción, a la inversión, de lo contrario se torna inconsistente. Hoy, en medio de la nebulosa, lo que se necesita es dar un mínimo de previsibilidad y eso sólo se logra con un consistente plan de emergencia.
En caso de que los bancos no acepten brindar créditos a este sector ¿los negocios podrían llegar a la quiebra?
No es un problema de los bancos en particular, tiene que ver con todo un sistema de garantías para el otorgamiento de los créditos y de mínima previsibilidad. Las empresas no pueden endeudarse, si no tienen algo de claridad en el panorama. Hay que agilizar la asistencia crediticia al sector productivo, con un adecuado sistema de garantías. Si bien existe el FoGar (Fondo de Garantías), pero como sostengo, falta agilizar los instrumentos financieros para asistir a los sectores más castigados, y evitar que se desacelere más la producción.
Por último, teniendo en cuenta el discurso que brindó el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz hace unos días, el mandatario provincial anunció que estaban trabajando sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia para ayudar a los pequeños emprendedores privados, con un 10 y 15% de los salarios de los empleados públicos exceptuando a la Salud y a la Seguridad. Este aporte será voluntario, aclaró el gobernador y los fondos serán devueltos después de la crisis sanitaria. ¿Qué opina respecto a esta iniciativa en comparación a las medidas que se tomaron en Tucumán sobre el recorte de sueldos de legisladores, del gobernador provincial, entre otros, teniendo en cuenta, además que la provincia aportó 293 millones al sector de la Salud?
Las provincias también pueden reorientar sus presupuestos para mitigar los efectos económicos de la pandemia. En el caso de Tucumán, es una de las provincias con mayor presión fiscal del país, y encima desde el año pasado solicita asistencia financiera. Es claro, que no es adecuada la administración económica. La Legislatura tiene ahorros, muy poca transparencia en la ejecución presupuestaria. No obstante, debería activarse un sistema de créditos de emergencia provistos por la Caja Popular de Ahorros para aquellas actividades más golpeadas por la situación. Pero la rebaja simbólica de dietas legislativas, es más gestual que efectiva. Tucumán no tiene política económica, en el mejor de los casos, una política de hacienda muy poco clara.