Se hizo largo, pero ya termina. Tal vez, queridos lectores no estén de acuerdo, pero tenemos la sensación de que 2025 pasó menos rápido que los anteriores. Tal vez porque pasaron muchas cosas o tal vez por las exigencias que derivaron de dinámicas cambiantes en el marco de un programa económico que requirió varios ajustes sobre la marcha y de tres salvatajes (del FMI, de los exportadores y del UST). Pero, si bien un balance del año podría resultar bastante entretenido, preferimos usar este último contacto del año con Uds. para preguntarnos, qué podemos esperar para 2026.
La política fiscal seguirá siendo el ancla visible, continuidad del ajuste, normalización tarifaria que pega en la clase media, obra pública contenida y un Estado nacional que retrae gasto y empleo. Esto tensiona la relación Nación-Provincias (caja, litigios, “votos por recursos”), y obliga al sector privado a prudencia en negocios atados al presupuesto, foco en eficiencia y gestión de costos de servicios más alineados a precios relativos normales.
La recuperación seguirá siendo despareja. Exportadores y encadenamientos asociados van a traccionar; comercio, construcción e industria orientada al mercado interno se moverán a un ritmo más lento. Esta heterogeneidad exige una mirada “micro”: la ubicación importa (Neuquén no es el GBA) y la foto de cada firma no siempre coincidirá con la de su sector. En la práctica esa dispersión debería traducirse en segmentar la estrategia comercial, capex y pricing por plaza, y no generalizar señales.
Apertura y desregulación son el otro vector. Abrir bajos costos de insumos y de bienes de capital, acelera la adopción tecnológica y mejora el bienestar del consumidor. Ganan rápido quienes importan maquinaria y partes; sufren las ramas más protegidas si la apertura convive con un tipo de cambio real apreciado. La gestión 2026, entonces, es dual: capturar abaratamientos donde sea posible y rediseñar propuesta de valor en segmentos expuestos a importaciones (servicio, posventa, nichos, tiempos). Si además avanza un esquema selectivo con EE.UU., la brújula de inversión irá hacia los encadenamientos que califiquen. El Mercosur, en cambio, podría requerir rediseños para evitar desvíos de comercio. Monitorear protocolo por protocolo será más productivo que discutir en abstracto. Lo mismo aplica de aprobarse el acuerdo con la Unión Europea.
El RIGI (y su posible extensión) y la simplificación regulatoria recortan tiempos y costos transaccionales. Si persisten controles cambiarios y de capitales, estos regímenes conservan valor relativo; si se desmontan, su valor no desaparece, pero cambia el mix de incentivos. Traducción operativa: tener listos proyectos “en carpeta” y mapeados los beneficios por jurisdicción, porque las ventanas se abren y se cierran rápido. A la par, la modernización laboral —si sale con la densidad propuesta— puede bajar litigiosidad, simplificar modalidades y abaratar la contratación formal, especialmente en servicios basados en conocimiento, construcción y comercio. Con macro estable, Argentina puede convertirse en un hub regional de servicios si suma conectividad y talento.
El principal riesgo doméstico es la continuidad de un tipo de cambio real apreciado (las bandas indexadas evitan que se agudice, pero no la corrige): facilita importaciones y modera precios, pero erosiona rentabilidad exportadora, encarece salarios en dólares y acelera sustitución de producción local por importada. Con un real brasileño débil y un dólar global fuerte, el estrés sectorial podría amplificarse. La respuesta empresarial —más eficiencia, especialización e integración regional en cadenas propias— no se improvisa; conviene empezar a ajustarla ahora. Sobre ese telón, el mundo suma ruido: tensiones EE.UU.–China y Europa más frágil pueden endurecer condiciones financieras y comerciales. Nada de esto invalida las oportunidades (recursos, energía, agroindustria, economía del conocimiento), pero exige cuidados en la ejecución.
Finalmente, el dilema inflacionario no desaparecerá por completo. Había dos caminos: corregir de una vez el tipo de cambio (permitiendo que flote libremente) y aceptar una inflación algo más alta por uno o dos meses, o sostener bandas que contengan la nominalidad sin resolver la apreciación real acumulada. El Gobierno optó por este último. Pero una estabilidad transitoria de precios relativos no es sinónimo de un tipo de cambio real sostenible a mediano plazo. Decisiones difíciles de revertir —inversiones, contratación, estrategias de mercado— no deberían tomarse asumiendo como permanente una estructura que tal vez no lo sea.