Ante la pública crisis que atraviesa el ingenio San Juan, la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, recibió al representante de los trabajadores de la empresa, Luis Sorroza, quien estuvo acompañado por el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros.
El motivo de la reunión fue “pedir una ayuda para que los trabajadores tengan algo hasta que se resuelva esta situación que es gravísima”, contó Sorroza, que además explicó que “la empresa arrendataria se marchó y le quedó debiendo a la gente $32 millones”.
El vocero de los empleados del ingenio se sinceró y aclaró “no corresponde que vengamos a pedirle al Gobierno porque no nos debe nada. Pero nos prometieron que nos van a ayudar, que no nos van a abandonar”.
El ingenio se encuentra tomado por los trabajadores en reclamo por la millonaria deuda que existe. Piden que la Justicia destrabe la situación para que otra empresa pueda hacerse cargo de la molienda y los empleados puedan cobrar sus haberes.
Por su parte Monteros afirmó que “quisimos acompañar a los referentes gremiales del ingenio. Es de público conocimiento la situación de los trabajadores y queremos ver alguna manera de que el Gobierno pueda hacer alguna gestión para tratar de destrabar la posibilidad para que llegue alguien que se haga cargo de la molienda respetando a los trabajadores”.
Por otro lado Monteros adelantó que “al mismo tiempo se está gestionando alguna ayuda económica paliativa para los trabajadores. El municipio ya presentó los papeles y la secretaria de Gobierno lo gestionará en el ministerio de Economía”.
Por último el jefe municipal bandeño expresó que “hay dos grupos de empresarios que estarían en condiciones de producir pero depende de la Justicia para que autorice a estas empresas. Detrás de esta empresa hay 400 familias que viven de esto”.