El inminente aumento del precio de las naftas, que llegaría pocos días después de las elecciones del 22, desató un frente de conflicto inesperado: el de las petroleras con las empresas que producen combustibles no contaminantes. “Hablan de desregular el mercado, pero en realidad lo liberaron a medias. A nosotros nos obligan a comprarles a los fabricantes de biocombustibles y etanol a un precio regulado, nos fijan cupos y hasta nos dicen con qué empresas trabajar”, se quejó ante Infobae uno de los referentes del mercado petrolero local.
En definitiva, en el sector piden que se termine con el subsidio que las propias petroleras deben pagar para la compra del biocombustible, lo que redundaría en precios de las naftas más baratos para el consumidor. Como mínimo, el aumento de entre 10% y 11% que llegará luego de las elecciones resultaría mucho más suave si se sincerara el verdadero valor que tienen estos productos y no lo que las petroleras deben pagar por ellos.
Según los precios internacionales, por ejemplo los vigentes en Brasil, el precio que las petroleras deberían pagar se ubica por lo menos un 40% por debajo del valor estipulado por el Gobierno.
Las compañías que son dueñas de las principales estaciones de servicio del país (YPF, Axion y Shell) comparten el reclamo y ya lo conversaron por ahora informalmente con el ministro de Energía y Minería. Juan José Aranguren anunció la liberalización del mercado de naftas a partir del 1 de octubre y ya está en marcha, principalmente en lo que respecta al consumo industrial y comercios. Pero las petroleras prefieren esperar hasta después de las legislativas para tocar los precios al público. El incremento será significativo y tendrá un impacto en otros precios de la economía, seguramente impulsando la inflación de noviembre.
El peso de los impuestos
La posibilidad de que el Estado reduzca el impuesto que cobra sobre los combustibles está descartada por ahora. En realidad, está incluso por debajo de lo que sucede en otros mercados del mundo. La carga impositiva sobre las naftas en la Argentina llega al 38%, que se compone de la siguiente manera: 59% se lo lleva el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, el 31% es IVA, 6% de Ingresos Brutos y 4% de tasa hídrica.
La queja de los petroleros es que se mantiene una posición de privilegio para un grupo de compañías que han conseguido vender su cupo a precios totalmente regulados y bien por encima del valor de mercado. El consumidor resultaría perjudicado por esta situación.
Un carburante cuestionado por el subsidio
El mercado de biodiésel sufrió un fuerte golpe hace un mes, cuando Estados Unidos aumentó los aranceles de importación para la producción argentina, con lo que resulta imposible ingresar a ese mercado. Pero al mismo tiempo se estaría reabriendo el europeo.
Entre las fabricantes de bioetanol se encuentran empresas grandes como Ledesma (principales productores de azúcar en la Argentina), Vicentín, Promaíz y otra decena de empresas. En lo que hace a biodiésel también hay por lo menos una docena de compañías que se han volcado al negocio, sobre todo aprovechando esta suerte de “subsidio” que deben pagar las petroleras.