El viernes se realizó la audiencia pública de la SAT que, hasta que llegaron al lugar, los asistentes creyeron que era para debatir la suba en las tarifas de la empresa que es en un 90% estatal. La audiencia fue un cúmulo de irregularidades increíbles.
Primero, fue convocada por un organismo de control que no sólo tiene el mandato vencido, sino que utilizó un método ilegal para renovar ese mandato, con el único objetivo de convocar a esta audiencia pública que, aparentemente, no tenía ningún sentido realizar, porque nadie de la empresa logró aclarar cuál era la finalidad del cónclave.
Tantas fueron las irregularidades que algunos parlamentarios tucumanos, ya tomaron cartas en el asunto y fueron a la justicia para que deje sin efecto cualquier resolución surgida de esa convocatoria. “He planteado un amparo contra la prórroga irregular e ilegal del Ersept, por lo cual entiendo que es irregular también esta convocatoria. El directorio que ha llamado a esta audiencia pública tiene un mandato que se ha vencido y prorrogado de forma ilegal. Por otro lado, al hablar de la SAT, hablamos de una empresa en la que el Estado tiene el 90% de la representación. Por esto, hay que decir que es el gobernador (Juan) Manzur quien directa o indirectamente ha resuelto aumentar la tarifa”, advirtió José María Canelada.
La apuesta de la SAT fue clara: no brindar toda la información durante la convocatoria para lanzarla en pocos minutos al principio de la audiencia. “¿Cómo vamos a discutir informes técnicos de lo que nos enteramos escuchando cinco minutos? Los informes debieran haber estado en el expediente y no estaban. El pseudodictamen jurídico no cumple los extremos legales para serlo. En el expediente no hay estudios, no hay información, no están los insumos técnico jurídicos necesarios para un debate”, subrayó el parlamentario.
El escándalo de AGIS
“Lo que sí encontramos en el expediente es un libelo de AGIS, que contesta el por qué no se quiso decir el nombre de la consultora durante la exposición de los funcionarios. En el organigrama de la SAT tenemos al gerente comercial Rodolfo Quiroga, que es dueño de AGIS. El escándalo no tiene precedentes. Esto es una vergüenza. No hay dudas del conflicto de intereses. Un gerente comercial consulta a su consultora para preguntarle a la SAT si tiene que subir la tarifa. Con esto ya era suficiente para levantar la audiencia por respeto a la audiencia”, planteó.
Pese a este escándalo, y a otro pedido de nulidad que se había presentado antes de que comenzaran las presentaciones, el Ersept no suspendió la audiencia. Varios de los presentes, al tomar la palabra, consultaron a las autoridades presentes de la empresa que presta el servicio público si querían responder algo, pero no lo hicieron.