En Argentina volvió a aparecer una palabra incómoda: crisis. No en su versión clásica (no hay un salto cambiario desordenado ni un derrumbe fiscal), sino en una forma más silenciosa y difícil de encuadrar. Es esa crisis de baja intensidad que no se anuncia con un quiebre, pero se siente en la economía real: inflación que no termina de ceder, actividad que no hace “click”, sectores diversos que ajustan márgenes, empresas que suspenden turnos o cierran, y un mercado laboral que no muestra la recuperación que debería acompañar una estabilización exitosa.
El dato que más desacomoda es que, aun con orden fiscal, la inflación se mantiene alta en términos mensuales. 3% por mes puede verse como un avance si uno lo compara con el escenario contrafáctico de la inercia anterior, pero esa comparación no paga el supermercado ni el transporte. Y, sobre todo, no alcanza para ordenar expectativas si el público percibe que el descenso se frenó. La estabilización no se evalúa sólo por el nivel de inflación, sino por la trayectoria: cuando deja de caer, la pregunta inevitable deja de ser técnica y se vuelve cotidiana.
¿Qué sigue?
El segundo dato es que la economía real no acompaña. Lo que empezó como una dispersión sectorial razonable, algunos rubros con ventajas claras y otros rezagados, se fue transformando en un mapa de estrés más amplio. Cuando el ajuste se observa en sectores tan distintos, la explicación deja de ser micro y vuelve a ser macro. Es el entorno financiero, el tipo de cambio real, el costo del capital de trabajo, la demanda interna y la carga impositiva efectiva lo que termina definiendo quién sobrevive y quién se queda sin aire.
A este cuadro se sumó un shock externo que ya no puede tratarse como un ruido transitorio. El conflicto en Medio Oriente dejó de ser un evento geopolítico para convertirse en un factor económico relevante: encarece energía y logística, y reabre un dilema que el programa todavía tiene abierto. Por un lado, los precios altos de exportación mejoran la disponibilidad de divisas y pueden dar oxígeno a la balanza comercial. Por el otro, el costo de la energía se filtra a los precios internos, y vuelve a poner sobre la mesa una tensión fiscal y social: absorber el aumento con subsidios o trasladarlo a tarifas. En cualquiera de los dos casos, el objetivo de desinflación queda más exigente, y la economía real enfrenta un piso de costos más alto.
En este contexto, el Gobierno insiste en que no hay necesidad de corregir el rumbo: que la inflación es consecuencia de la recomposición de precios relativos, que las tensiones son sectoriales, y que el programa está bajo control. Es una estrategia de comunicación comprensible: toda estabilización necesita un relato de orden. El problema aparece cuando la distancia entre la lectura oficial y la percepción social se agranda. La economía no reacciona sólo a datos, reacciona también a cómo el propio Gobierno interpreta esos datos. Si la sociedad y las empresas sienten tensiones que el discurso niega, la coordinación de expectativas no se fortalece; se desarma.
La pregunta relevante, entonces, no es qué debería hacerse en abstracto para mejorar la macro. La pregunta es si el Gobierno está dispuesto a aceptar que hay una tensión en el mix y, en consecuencia, si está dispuesto a introducir ajustes antes de que la realidad los imponga. Porque la ausencia de correcciones comunica que el Ejecutivo prefiere sostener el esquema actual aun cuando los costos se acumulen.
¿Por qué un gobierno podría postergar correcciones?
Hay una razón de economía política bastante universal: admitir cambios puede interpretarse como pérdida de control o como revisión de promesas. Los costos de corregir suelen ser inmediatos y visibles; los beneficios, inciertos y graduales. Además, en liderazgos muy personalizados, recalibrar tiene un costo adicional: cuanto más se identifica el rumbo con la convicción del líder, más difícil es presentar una adaptación como prudencia y no como derrota.
En definitiva, la estabilización no está “en crisis” en el sentido tradicional, pero sí está bajo presión. El Gobierno puede haber acumulado hitos políticos y fiscales, pero el éxito final depende de que la economía real valide el programa con crecimiento, empleo y baja sostenida de la inflación. Si eso no ocurre, el riesgo no es un colapso repentino. El riesgo es más argentino: la acumulación de tensiones que obliga a corregir tarde, cuando corregir es más caro.