En economía hay identidades que, aunque no siempre se vean, funcionan como la estructura invisible que sostiene el edificio macroeconómico. Una de las más conocidas, y más relevantes para entender la dinámica externa de una economía abierta, es aquella que establece que el ingreso de un país (su producto) debe ser igual a la suma del consumo, la inversión, el gasto público y el saldo externo. Es decir: PIB = Consumo + Inversión + Gasto Público + (Exportaciones – Importaciones).
Esa misma identidad puede reescribirse para poner el foco en la cuenta corriente del balance de pagos, que refleja la diferencia entre lo que un país produce e ingresa por exportaciones y lo que gasta e importa.
(PBI - Impuestos - Consumo) - Inversión = (Gasto Público - Impuestos) + (Exportaciones - Importaciones) o lo que es idéntico: (Ahorro - Inversión) + (Impuestos - Gastos) = (Exportaciones - Importaciones)
En este enfoque, el saldo de cuenta corriente equivale al ahorro total (privado más público) menos la inversión. Si una economía gasta más de lo que produce, consumiendo e invirtiendo más que su ingreso, el resultado es un déficit en la cuenta corriente que debe financiarse, ya sea usando reservas internacionales o tomando deuda externa.
Recientemente el INDEC publicó las cuentas internacionales correspondientes al primer trimestre del año, las que arrojaron un resultado de la cuenta corriente de US$ 5.171 millones. Un resultado que contrastó con el superávit del primer trimestre de 2024 (todos los trimestres de ese año fueron superavitarios), marcando el regreso de las cuentas al rojo de los años previos. Más allá de su nivel, similar al del primer trimestre de 2023, lo notable fue la velocidad con la que se dio vuelta el resultado.
No es una situación necesariamente alarmante. Durante períodos de fuerte inversión productiva, es razonable que un país se endeuda para financiar su desarrollo. Por lo tanto, a la hora de discutir la bondad o la perversidad de un déficit de cuenta corriente, la clave es distinguir si ese desequilibrio proviene del sector público o del privado. Esta distinción da origen a la conocida literatura sobre “déficits gemelos”, que analiza la combinación de desequilibrios fiscales y externos.
Cuando el déficit externo es el reflejo de un exceso de gasto del sector público, es decir, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, la situación tiende a volverse más delicada: los límites para financiar al soberano son más estrechos, y las consecuencias de alcanzar esos límites suelen ser traumáticas (crisis de deuda, devaluaciones o estallidos inflacionarios). Incluso si el déficit se origina en el sector privado, por ejemplo, porque las familias consumen más de lo que ahorran, también hay restricciones: el financiamiento no es infinito, y el ajuste puede llegar bajo la forma de una contracción del consumo.
El caso argentino actual es inédito. Por primera vez en lo que va del siglo, el país combina superávit fiscal con déficit externo. Por lo que el desequilibrio externo proviene del sector privado. El Gobierno argumenta que, en este contexto, dicho desequilibrio (al tener origen privado) no debe preocupar. Sin embargo, vale la pena volver a insistir que el desequilibrio no proviene de una tasa de inversión excepcionalmente elevada (como vimos la semana pasada la misma apenas alcanza al 15% del producto interno bruto).
En un contexto en el que las reservas netas del Banco Central siguen siendo bajas, y el acceso al crédito internacional sigue vedado o acotado, el margen para financiar un déficit sostenido de cuenta corriente se reduce. La aparente calma externa puede volverse frágil si no se generan señales claras de sostenibilidad. Porque el financiamiento de los desequilibrios no es eterno, y porque, incluso con superávit fiscal, el sector privado también puede encontrar sus propios límites. Por eso, la atención no debería centrarse sólo en el origen del desequilibrio externo, sino también en su reversión.
Y en ese plano, el camino inevitable es el crecimiento sostenido de las exportaciones, no como un rebote puntual por mejores precios o cosechas, sino como una estrategia persistente de inserción internacional. Para ello, es imprescindible atender tanto la competitividad de corto plazo, ligada al nivel del tipo de cambio real, como los factores estructurales que condicionan la capacidad exportadora: infraestructura, calidad institucional, costos logísticos, y marcos regulatorios previsibles. Sin una mejora significativa de la oferta exportadora, el financiamiento externo seguirá siendo un problema recurrente, y el techo al crecimiento estará siempre más cerca de lo deseable.