El Gobierno nacional oficializó el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”. Bajo esta normativa, se establecieron los criterios de priorización dentro del plan para asistir a las familias que incumplieron sus contratos de alquiler.
Teniendo en cuenta esto, el Estado argentino determinó los mecanismos de priorización de acuerdo con la “disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger”. Entre los grupos priorizados se encuentran familias monomarentales y monoparentales; personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; víctimas de violencia de género; personas con discapacidad; y personas en extrema pobreza y/o indigencia.
Cabe destacar que la Resolución del Gobierno nacional aclara que “los criterios de priorización enumerados son meramente enunciativos, quedando a criterio de la Unidad de Gestión o autoridad competente en el marco del respectivo programa o plan de vivienda, la incorporación de otros grupos vulnerables”. Por lo que habrá que estar atentos a lo que se decida en cada caso en particular.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión debido a que “numerosos hogares inquilinos se encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler”. En base a esto, se remarcó que debieron enfrentar “diversas situaciones de dificultad para el pago de los montos de locación de los contratos vigentes, así como para afrontar los gastos de renovación de contratos o de la celebración de nuevos contratos, entre otras situaciones que pudieran derivar en el inicio de procesos de desalojo”.
El Gobierno nacional dispuso, además, un marco de actuación institucional tendiente a sistematizar la información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación judicial. Además, se insta a desarrollar un registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente. Finalmente, se busca proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que eviten situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.