El discurso de apertura del año legislativo de Javier Milei tuvo como eje central la reivindicación de su primer año de gestión y la reafirmación de su agenda reformista. Bajo la premisa de que Argentina enfrenta una "última oportunidad" para transformar su estructura económica e institucional, el presidente combinó un balance de lo realizado con un adelanto de las reformas que su administración buscará impulsar, aunque sin un compromiso claro sobre los plazos en los que serán tratadas en el Congreso.
Más allá del contenido económico, el discurso de Milei mantuvo su habitual tono confrontativo, con constantes referencias a la "casta política" y a los obstáculos que, según él, impiden la implementación de su agenda. En este punto, el mensaje tuvo una doble finalidad: por un lado, marcar diferencias con la oposición y responsabilizar a la política tradicional por los problemas estructurales del país; por otro, preparar el terreno para un eventual escenario en el que sus reformas queden bloqueadas en el Congreso.
Si bien Milei mencionó que su equipo está trabajando en "más de una docena de leyes de fondo" en áreas clave como economía, seguridad y reforma del Estado, no dio precisiones sobre qué iniciativas serán enviadas efectivamente al Congreso en 2025. El único proyecto que Milei confirmó que se enviará próximamente es el nuevo acuerdo con el FMI, que, según sus palabras, buscará "sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año". Sobre el resto de las reformas, el presidente fue ambiguo:
"En función de la predisposición de este Congreso, de la dinámica de la campaña electoral que comienza en breve y de la secuencialidad económica necesaria, estas reformas podrán ser abordadas o bien durante este periodo legislativo, o las abordaremos a partir del 11 de diciembre de este mismo año”.
Esto sugiere que el oficialismo no tiene expectativas de lograr avances significativos en el Congreso en los próximos meses y que su verdadera apuesta está puesta en una victoria en las elecciones legislativas para destrabar su agenda. Entre las reformas sobre las que estaría trabajando el Gobierno, Milei destacó:
- Equilibrio fiscal permanente y reducción del gasto público: Propuso establecer por ley la obligación de mantener el equilibrio fiscal y fijar una meta de gasto público consolidado del 25% del PBI para 2027.
- Privatización de empresas públicas: Aseguró que, aunque algunas empresas estatales han logrado equilibrio financiero, su objetivo sigue siendo privatizarlas en su totalidad.
- Reforma laboral: Apuntó a eliminar rigideces del mercado de trabajo, argumentando que el actual sistema solo protege a los empleados formales mientras excluye a millones de trabajadores de la economía informal.
- Reforma impositiva: Propuso reducir drásticamente la cantidad de impuestos nacionales y otorgar mayor autonomía fiscal a las provincias, fomentando la competencia tributaria.
- Apertura comercial: Planteó la eliminación de barreras al comercio y sugirió la posibilidad de "flexibilizar o salir del Mercosur" para negociar acuerdos bilaterales con otros países, especialmente con EE.UU.
- Seguridad y justicia: Anunció una reforma del Código Penal con endurecimiento de penas y la baja de la edad de imputabilidad.
En cuanto a las reformas económicas, se tratan de las mismas que mencionó en el discurso que dio al finalizar su primer año de Gobierno (en realidad todo su mensaje se parece mucho a aquel de diciembre pasado). Se trata de reformas claramente necesarias para la consolidación de la estabilización y del cambio de régimen económico, pero que lucen difíciles de que vayan a ser tratadas durante este período legislativo.
Un presidente sujeto a varios pedidos de juicio político y a investigaciones judiciales por su posible participación en la estafa de $LIBRA, las diversas repercusiones por el nombramiento de jueces supremos por decreto presidencial, y la confrontación política (con toda la oposición y no sólo con el peronismo/kirchnerismo) en su punto más álgido (caso Manes de por medio), configuran un panorama aún más complicado que el que se podría esperar de un año electoral.
El acuerdo con el FMI
En relación a lo anterior, no sólo el tratamiento de las reformas estructurales luce dificultoso. El presidente anunció que se está cerca de alcanzar un acuerdo con el FMI que deberá ser aprobado por el Congreso.
El pedido de aprobación parlamentaria del nuevo acuerdo con el FMI no debería sorprender. En 2022, el propio organismo exigió al gobierno de Alberto Fernández que enviara el entendimiento al Congreso, en una instancia que terminó revelando fracturas dentro del oficialismo de entonces. Si bien el Parlamento aprobó la reestructuración de la deuda con el FMI y el nuevo financiamiento, lo hizo sin expedirse sobre el contenido del programa de políticas macroeconómicas asociado al acuerdo. De hecho, el gobierno de Fernández debió recurrir al apoyo de la oposición para lograr la sanción de la ley, dado que un sector significativo del kirchnerismo votó en contra o se abstuvo, marcando una de las divisiones más profundas dentro de la coalición gobernante de aquel momento.
Más allá del acuerdo con el FMI, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el control de la agenda política y económica en un contexto adverso. La estabilización inicial ha sido exitosa en reducir la inflación y recomponer ciertos equilibrios macroeconómicos, pero la incertidumbre política y la falta de consensos legislativos ponen en duda la capacidad del oficialismo para consolidar estos logros.
Si el Congreso bloquea su agenda de reformas y la confianza en la conducción política sigue erosionándose, el Gobierno podría verse obligado a gestionar un segundo año de mandato sin nuevas herramientas para sostener el crecimiento y la recuperación. En este sentido, la credibilidad del presidente Javier Milei y su capacidad para recuperar la iniciativa serán tan determinantes como los propios números de la economía.