En la Argentina, los programas económicos rara vez fracasan por falta de un diagnóstico correcto. Suelen fracasar por algo más mundano: la distancia entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se construye. Esa brecha —entre el relato de cambio de régimen y la práctica cotidiana de la política— se vuelve particularmente relevante cuando el Gobierno intenta dar dos señales clave al mismo tiempo: que puede modernizar el mercado laboral y que puede destrabar la inversión. En las últimas semanas, dos episodios vuelven a poner esa tensión sobre la mesa: el tratamiento legislativo de la reforma laboral y la extensión del RIGI, junto con la eventual creación del RIMI.
La reforma laboral era, por definición, una pieza que merecía cuidado. No sólo por su contenido, sino por su valor simbólico: en un año sin elecciones, con un oficialismo que suele sostener que “esta vez es diferente”, una reforma de este tipo podía funcionar como muestra contundente de gobernabilidad. Sin embargo, lo que se vio fue otra cosa: falta de discusión pública y técnica, cambios de último momento, una defensa cerrada y casi automática del lado oficialista y de sus voceros, y un giro posterior que abrió la puerta a la eventual eliminación del artículo más controvertido. Cuando una reforma estructural se sanciona a los tumbos, el daño no reside únicamente en el artículo en cuestión, sino en el mensaje: se instala la idea de improvisación, de que el texto no está del todo maduro y de que la coalición que lo sostiene puede reescribirlo sobre la marcha.
Ese costo institucional es especialmente alto cuando se lo acumula con otros episodios recientes que ya dejaron huella en la confianza, como la polémica alrededor del INDEC. La suma de señales importa. En economía, la credibilidad no se pierde por una decisión aislada, sino por la repetición de gestos que sugieren que, frente al conflicto o al costo político, las reglas pueden cambiar. Por eso, incluso quienes coinciden con el espíritu de modernizar el régimen laboral deberían preocuparse por la forma: una reforma tan importante no puede parecer un borrador en trámite, y mucho menos una norma que se apura y defiende a capa y espada para luego “corregirse” a las apuradas. Si el objetivo era mostrar orden y previsibilidad, el proceso logró lo contrario.
La segunda discusión de estos días es menos mediática, pero igual de reveladora: la extensión por un año del RIGI y la posibilidad de sancionar un régimen similar para inversiones medianas (RIMI) incluido en el proyecto de modernización laboral. La paradoja es evidente. RIGI y RIMI, en sí mismos, son instrumentos razonables: buscan dar previsibilidad, alivio fiscal y reglas más estables a proyectos que requieren horizonte largo y tolerancia al riesgo. Pero al mismo tiempo, al proliferar regímenes de excepción, confirman una verdad incómoda: el esquema general vigente sigue siendo poco amigable para invertir.
Además, si hay que prorrogar los incentivos es, en parte, porque el Gobierno asume que en el corto plazo no podrá —o no querrá— modificar los factores que vuelven imprescindible un régimen de excepción: controles de capitales, incertidumbre regulatoria y una estructura tributaria que castiga la formalidad y la acumulación. Dicho sin vueltas: si la economía ofreciera reglas razonables para todos, no haría falta un “régimen” para unos pocos. Y si además se crea un RIMI, el mensaje se hace más explícito: habrá un carril normal o general que seguirá siendo hostil, y carriles especiales para quienes puedan calificar.
Esto conecta ambos temas con un hilo común. La reforma laboral, por su tramitación errática, erosiona la pretensión de previsibilidad. El RIGI/RIMI, por su naturaleza de excepción, confirma que la previsibilidad se ofrece por ventanillas y con cupos. En los dos casos, el Gobierno intenta generar confianza a través de señales, pero todavía le cuesta convertir esas señales en reglas generales, consistentes y duraderas. Es entendible: cambiar un régimen completo requiere tiempo, acuerdos y capacidad de implementación. Lo que no es neutro es hacerlo con instrumentos que, por su diseño o por su proceso, dejan gusto a la transitoriedad.
Por eso, más que discutir si “reforma sí o no” o si “RIGI sí o no”, la pregunta útil es otra: ¿estamos construyendo un marco general que mejore la productividad y atraiga inversión de manera amplia, o estamos multiplicando excepciones mientras el sistema central permanece intacto? Si la respuesta es lo segundo, el riesgo es doble. Por un lado, se alimenta la percepción de arbitrariedad: los beneficios dependen de estar en el régimen correcto y de que la regla no cambie. Por otro lado, se acumula desgaste social: la sociedad tolera el ajuste y espera resultados, pero se impacienta cuando percibe que el sacrificio convive con improvisación o con privilegios selectivos.
En definitiva, un cambio de régimen no se valida con anuncios ni con victorias parlamentarias puntuales. Se valida cuando las reformas importantes se discuten con seriedad, se implementan con cuidado y se sostienen en el tiempo, y cuando los incentivos a producir e invertir dejan de ser excepciones para transformarse en la regla.