Los fabricantes de bebidas sin alcohol y los vendedores de Argentina cargaron contra la reforma fiscal proyectada por el Gobierno de Mauricio Macri, debido a la subida de impuestos a los productos azucarados y al riesgo de desaparición de 100.000 quioscos.
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa) explotó con la resolución gubernamental de gravar con costos adicionales a las bebidas azucaradas, que afecta de sobremanera a las provincia productoras de gaseosas y de azúcar, como Tucumán que ha desarrollado ambas industrias de manera exitosa.
La Cámara emitió un comunicado en el que deja en claro que “está demostrado que los impuestos a bebidas azucaradas son ineficaces para abordar los desafíos de salud pública”.
Asimismo, reclama “poner el foco en la recaudación de la evasión, que es del 30 % en la industria, en lugar de un incremento impositivo al sector formal de bebidas”, puesto que según esa organización empresarial “el 50 % del precio que paga el consumidor hoy por una bebida sin alcohol corresponde a impuestos”.
“Un impuesto de estas características resulta distorsivo y discriminatorio, ya que penaliza sólo a una categoría en particular, sin considerar otros productos que contribuyen significativamente a la ingesta diaria de azúcar”, señaló en el documento.
Según señaló Cadibsa, este tributo podría llevar a la quiebra a cientos de pequeños comercios ya que “el 85 % de las bebidas sin alcohol se vende en comercios de barrio, almacenes, kioscos y despensas y representan aproximadamente el 40 % de sus ingresos”, y asegura que, debido a la elasticidad de la demanda que tiene el sector, un mayor impuesto “significaría una merma en el consumo y eso representaría menores ingresos para miles de familias”.