Finalmente, el congelamiento de alquileres llegó a su fin el pasado miércoles. Sucede que el decreto emitido por el Gobierno, y que también prohibía los desalojos, se había extendido hasta el 31 de marzo. De este modo, tras un año de congelamiento, a partir de este mes los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas.
Por esta razón, al descongelar el arrendamiento, se creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo. El objetivo es el de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto. De esta manera, el Estado confirmó que asistirá a las familias que se encuentren en esta situación. La medida quedó establecida en el Boletín Oficial a través de la Resolución 88/2021 publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, al no poder pagar los alquileres y quedar al borde del desalojo, las familias contarán con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Territorial. Para hacer efectiva esta resolución, se convocó al Ministerio de Justicia y otros organismos nacionales y provinciales a la suscripción de convenios de cooperación. La intención es recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y existencia de sentencias judiciales de desalojo.
Ante este panorama, quienes no puedan pagar la renta gozarán de algunos criterios de priorización. En este sentido, la Secretaría estará encargada de arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes estatales. La idea es abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública. Tendrán prioridad las familias monoparentales, en situación de violencia de género, personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
Cabe destacar que, previo a esta situación respecto a los alquileres, el Gobierno nacional estableció la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP). En caso de no cumplirse este proceso, significará un impedimento para el propietario en el caso de querer avanzar en el trámite de un desalojo.