La diputada nacional Romina Diez presentó un proyecto que busca modernizar el régimen laboral argentino, con medidas que incluyen beneficios fiscales, flexibilización de contratos y estímulos a la contratación formal. El objetivo central es dinamizar la economía y promover la creación de empleo en un contexto de recuperación productiva.
Con el fuerte respaldo electoral que obtuvo el Gobierno, la reforma laboral vuelve a estar en agenda tras su debate en el Consejo de Mayo. La iniciativa, denominada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, fue elaborada junto a legisladores de distintos bloques y retoma los lineamientos de la Ley Bases, con la intención de actualizar las normas que regulan la relación entre empleadores y trabajadores.
Entre los puntos más destacados se incluye la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios, y la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas, especialmente pensada para las micro, pequeñas y medianas empresas. El texto también redefine aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, otorgando mayor margen de maniobra a las empresas para adaptar modalidades laborales y actualizando el principio de irrenunciabilidad.
El proyecto contempla además una revisión integral de los beneficios sociales, precisando qué prestaciones no se considerarán remunerativas, como almuerzos, útiles escolares o acceso a internet para el trabajador y su familia. En materia de pagos, se autoriza el uso de medios electrónicos y la emisión digital de recibos de sueldo con información detallada.
Otro de los ejes aborda la flexibilización del régimen de vacaciones, que podrá fraccionarse en períodos mínimos de una semana, y garantiza que cada trabajador acceda al descanso estival al menos una vez cada dos años. Asimismo, los matrimonios o uniones convivenciales que trabajen para un mismo empleador podrán solicitar vacaciones en simultáneo.
El texto también habilita que las convenciones colectivas de trabajo incorporen nuevos esquemas de productividad, como bancos de horas o francos compensatorios, siempre que se respete un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
En el capítulo de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos actuales de tres o seis meses según la antigüedad, con extensión a seis o doce meses para quienes tengan carga de familia. Además, se incorpora un procedimiento para verificar certificados médicos a través de la Secretaría de Trabajo, con posibilidad de convocar peritos y aplicar sanciones a los profesionales que incurran en irregularidades.
Respecto a los créditos laborales, se establece un nuevo régimen de intereses: el monto total no podrá exceder la actualización por IPC más una tasa de interés pura del 3% anual. También se limita al 20% el pacto de cuota litis en juicios laborales y se habilita a las pymes a abonar sentencias o indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales.
En cuanto al sector agrario, el proyecto redefine el alcance del régimen legal y excluye a trabajadores de actividades industriales, turísticas o comerciales. Además, mantiene la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias sobre los trabajadores tercerizados, aunque excluye a los propietarios que arrienden tierras no productivas.
Finalmente, el proyecto crea un sistema de incentivos al empleo formal mediante bonos de crédito fiscal para quienes inicien nuevas relaciones laborales dentro de los primeros 18 meses de vigencia de la ley. El beneficio será del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para el resto, siempre que las contrataciones representen un incremento real en la nómina de empleados.
La Reforma Laboral se perfila así como una de las principales apuestas del Gobierno para mejorar la competitividad, reducir la litigiosidad y estimular la inversión privada, con la mirada puesta en la reactivación del empleo formal y el fortalecimiento del sector productivo.