El Consejo de Mayo publicó su informe y algunos proyectos de ley que, de prosperar, reordenarían piezas sensibles del andamiaje argentino: disciplina fiscal y monetaria, reglas laborales, propiedad y recursos, educación, apertura comercial y propiedad intelectual. No es un “programa” cerrado, sino una hoja de ruta con anclajes legales y una invitación a discutir prioridades y secuencias. A continuación, una lectura integrada —y crítica cuando corresponde— de los trazos principales.
El corazón político está en la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: un cerrojo procedimental que obliga a presupuestos con equilibrio o superávit financiero, expulsa el gasto extrapresupuestario, ordena una corrección automática ante desvíos y tipifica penalmente el aumento de erogaciones sin recursos acreditados. La dirección es correcta: volver a poner el presupuesto en el centro y cortar el atajo del déficit fácil. Pero dos sutilezas importan.
Primero, la cláusula que permite aprobar gasto “con financiamiento concreto, específico, actual y suficiente” puede convertirse, mal diseñada, en una puerta para crear tributos o afectaciones que conserven el equilibrio contable pero agranden la presión tributaria. Segundo, la regla de equilibrio financiero, sin calibración cíclica y sin escape bajo control parlamentario, puede tornarse procíclica: forzar recortes en recesión o subas de impuestos para “defender” el cero.
El Consejo, además, impulsa que las provincias realice un ajuste del gasto similar al de la Nación. Para ello usa una base de gasto/PIB de 2023 (Cuadro 1) que presenta diferencias notorias con series divulgadas en el marco del programa con el FMI. Si la línea de largada está corrida, la meta provincial queda sobredimensionada y la coordinación Nación–provincias se enrarece. Antes de convertir esos datos en ancla de compromisos, hace falta una depuración metodológica y una mesa técnica con datos compartidos. No es un tecnicismo: de ese número dependen trayectorias de gasto y política en 24 jurisdicciones.
En la agenda patrimonial —propiedad, tierras y recursos naturales— el norte pro-inversión es claro: despejar cuellos de botella regulatorios que traban minería, energía y agroindustria. Se combinan vías de regularización dominial y procedimientos más expeditivos para ocupación y desalojo, una revisión de la Ley de Glaciares para compatibilizar preservación con actividad y una actualización del régimen de tierras para extranjeros que elimina restricciones consideradas disuasorias (con salvedades para Estados).
Se suma la eliminación de “compre provincial” en jurisdicciones mineras y la supresión del tope a regalías. El equilibrio aquí es delicado: sin estándares ambientales verificables y previsibles, sin reglas claras de encadenamientos locales e infraestructura y, sobre todo, sin coordinación interprovincial, el fin de topes puede gatillar subas descoordinadas de regalías y requisitos, elevando la incertidumbre en vez de impulsar la inversión.
La modernización laboral trabajada en mesa específica, busca hacer rentable la contratación formal mediante tres vectores: previsibilidad jurídica (tipificar faltas, acotar sanciones desproporcionadas, desincentivar la industria del juicio y abrir carriles de resolución más rápidos), modalidades acordes al siglo XXI (prueba, formación, contratos por proyecto o plazo, teletrabajo y flexibilidad con derecho a desconexión) y costos totales de empleo más predecibles (alivio en la base, esquemas de terminación asegurables y reglas para primeras contrataciones y pymes).
La negociación colectiva suma una “capa fina” para adaptar productividad, polivalencia y organización del tiempo de trabajo sin desmontar pisos. No promete una ola de empleo por sí sola —la macro sigue siendo condición necesaria—, pero reduce el miedo al costo de salida y alinea incentivos para que sectores dinámicos formalicen. El desafío es la implementación: reglamentación que no reintroduzca incertidumbre, vías administrativas y arbitrales que funcionen de verdad y una justicia laboral menos “aleatoria”.
En educación, el trípode propuesto —“servicio esencial” para asegurar continuidad mínima, libertad educativa con nuevas formas de escolarización y un sistema robusto de evaluación con resultados públicos y un Examen Nacional voluntario— apunta a calidad con equidad. La idea de financiar “centrado en el estudiante” y fortalecer la gobernanza federal convive con un reto operativo: fijar estándares comparables sin asfixiar la autonomía institucional y blindar la asignación de fondos frente a sesgos discrecionales. En un país de brechas educativas profundas, la combinación de libertad y trazabilidad requiere mediciones simples, comparables y consecuencias de mejora.
Quizás el capítulo con más ambición declarativa y menos concreción es el de apertura comercial y propiedad intelectual. Se reconoce el giro proteccionista global y la disrupción tecnológica; se propone adherir/armonizar tratados y estándares con énfasis en patentes medicinales y agro.
Cierra el paquete un régimen pro-inversión para medianos proyectos (RIMI) con amortización acelerada y devolución anticipada de IVA (que vendría incluido en el proyecto de Modernización Laboral -aún no subido a la página del Consejo-), junto con un rediseño tributario que eliminaría impuestos internos y cédulas sobre renta financiera e inmuebles y una simplificación del régimen de ganancias para autónomos.
El saldo es alentador en su orientación: el Consejo pone foco donde duele —disciplina fiscal, reglas laborales, calidad educativa, derechos de propiedad y agenda de integración— y sugiere instrumentos razonables. Lo que definirá su suerte no es la retórica sino la ingeniería: definiciones precisas en la ley ancla para no abrir atajos tributarios; datos consistentes para no exigir lo imposible a las provincias; estándares ambientales y de propiedad que habiliten financiamiento de largo plazo; justicia laboral y vías administrativas que bajen la aleatoriedad; y, sobre todo, una hoja de ruta comercial creíble que traduzca propiedad intelectual en integración efectiva.
Argentina no necesita más listas de deseos; necesita reglas que se cumplan y secuencias que cierren. En esa tensión entre ambición y factibilidad se juega el verdadero aporte de la “Propuesta de Mayo”.
