El titular del organismo, Hugo Cabral, confirmó que la nueva etapa se apoya en la reactivación total de 2300 viviendas que estaban paralizadas y en un rediseño del mecanismo de acceso, con foco en el trabajador formal. “El balance es positivo pudimos cumplir con las metas que nos había pedido el gobernador cuando asumí”, sostuvo sobre su primer año de gestión.
Desde la conducción del IPV remarcan que el objetivo central es blindar el carácter social de la política habitacional. “El acceso a la casa propia debe ser un derecho protegido frente a cualquier tipo de especulación financiera”, subrayó Cabral.
Alquiler con opción a compra: cómo funcionará el nuevo esquema
La principal novedad es la implementación del sistema de alquiler con opción a compra para los próximos barrios. Bajo esta modalidad, las familias ingresarán a la vivienda mediante el pago de un canon mensual que, transcurridos cinco años, será reconocido como parte del capital inicial.
El mecanismo busca facilitar el acceso progresivo a la propiedad, evitando el desembolso total en el inicio y generando previsibilidad financiera para los adjudicatarios. “Lo que ha pagado se le va a reconocer como parte del precio de la casa y el saldo lo va a pagar en cuotas”, explicó el funcionario.
Desde el punto de vista económico, el esquema permite ampliar la base de beneficiarios y sostener el ritmo constructivo mediante un sistema de recupero más dinámico, algo clave en un escenario de restricciones fiscales y aumento de costos de materiales.
Nueva unidad de medida y segmentación por ingresos
En materia de financiamiento, el IPV creó la Unidad de Valor de Vivienda Tucumán (UVT), un indicador que se ajustará según el costo real de construcción. La herramienta busca mantener la viabilidad de los proyectos ante la variación de precios del sector.
No obstante, el impacto de esa actualización en los ingresos familiares es uno de los puntos sensibles. Para evitar desfasajes, el organismo implementará una segmentación según la capacidad de pago de cada grupo familiar. “Algunos pagarán 250 VT y otros pagarán 50 VT si están en una situación de muy bajo recurso”, detalló Cabral.
La segmentación apunta a sostener la equidad del sistema sin comprometer la continuidad de obras futuras, generando un flujo financiero que permita retroalimentar nuevos desarrollos habitacionales.
Endurecimiento de controles a viviendas vacías
Otro eje central de la reforma es el control sobre las viviendas sociales que permanecen desocupadas o son destinadas a alquiler comercial, una práctica que distorsiona el objetivo social del programa.
El IPV anunció que intensificará las fiscalizaciones y recuperará de inmediato las unidades que no estén siendo habitadas por los adjudicatarios originales. “El que está con la casa vacía, no hay excusa, es porque no la necesita”, sentenció Cabral.
Desde el organismo sostienen que esta medida no solo busca garantizar justicia distributiva, sino también optimizar el uso del patrimonio público y reforzar la credibilidad del sistema.
Hacia un IPV autosustentable
El rediseño integral apunta a resolver el histórico déficit habitacional de Tucumán mediante un esquema financiero cíclico: el pago de una familia permitirá financiar nuevas soluciones habitacionales para otra.
La meta oficial es transformar al IPV en un ente autosustentable, capaz de sostener inversión en vivienda sin depender exclusivamente de transferencias extraordinarias. “Si esto lo hubiésemos hecho hace 15 años hoy podríamos tener el doble de FONAVI”, concluyó el titular del instituto.
En un escenario donde miles de tucumanos buscan acceder a la casa propia, el nuevo modelo combina financiamiento segmentado, recupero de capital y mayor control estatal, con la intención de ampliar oportunidades sin perder sustentabilidad económica.
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