El costo de la energía eléctrica volverá a impactar en el bolsillo de los usuarios tucumanos a partir de febrero. Las facturas de EDET reflejarán un incremento total del 13,4%, una suba autorizada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y vigente desde la segunda quincena de enero.
Desde el organismo de control explicaron que el ajuste se aplica en el marco de los mecanismos automáticos previstos en la regulación actual y que no está vinculado a la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Este proceso, que definirá el esquema de tarifas e inversiones para los próximos cinco años, continúa en análisis tras la audiencia pública realizada el 5 de enero, en la que participaron EDET, la asociación Apuaye y la Defensoría del Pueblo, entre otros actores.
Cómo se compone el aumento
En declaraciones a La Gaceta, el gerente de Asuntos Económicos del Ersept, Alejandro Danon, detalló que la suba combina dos componentes clave del esquema tarifario. Por un lado, el denominado pass-through, que implica el traslado de costos definidos a nivel nacional. “El primero refiere a los costos de abastecimiento —generación y transporte— definidos por la Secretaría de Energía de la Nación, lo que implica un alza del 3,6%”, precisó.
El segundo factor corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), vinculado a los costos operativos propios de la distribuidora, y representa un ajuste cercano al 9%. “La suma de ambos arroja el 13,4% final”, sintetizó el funcionario.
Danon sostuvo además que, en términos reales, la tarifa eléctrica se encuentra rezagada frente a la evolución de los precios. “Si contrastamos la inflación acumulada entre febrero y abril de 2025 con la variación de precios a enero de 2026, el ajuste tarifario real es del -5%”, afirmó. En ese sentido, remarcó que este incremento no debe confundirse con la revisión integral: “Esto no tiene nada que ver con la revisión integral, que es quinquenal y sobre la cual todavía estamos evaluando las propuestas de inversión y calidad del servicio presentadas en la audiencia”.
Cuestionamientos por el servicio y las inversiones
Desde la Defensoría del Pueblo, el enfoque es distinto. Su titular, Eduardo Cobos, cuestionó la aplicación de aumentos sin mejoras visibles en la prestación. “El problema central es el pésimo servicio en toda la provincia y las demoras de la empresa para reponer los artefactos dañados por la red”, señaló.
Cobos subrayó que, si bien la empresa expone sus costos y la ciudadanía participa del debate, la decisión final corresponde al ente regulador. “La Defensoría está preparada para discutir técnicamente dónde deben invertirse los fondos y qué se hizo en los últimos cinco años. Antes de definir cuánto pagar, hay que recorrer la provincia”, advirtió.
Subsidios y segmentación tarifaria
El Defensor del Pueblo también se refirió a la política de segmentación de tarifas impulsada por el Gobierno nacional y recomendó a los usuarios revisar su situación. En particular, indicó que los hogares con ingresos familiares inferiores a $ 3.700.000 deben controlar su categoría en la factura. “Deben fijarse arriba a la derecha; si ganan menos de ese monto y figuran como N3, tienen que hacer el trámite en Mi Argentina o en la Defensoría para pasar a N2”, explicó.
No obstante, alertó que el acceso a los subsidios será más restrictivo. “El Gobierno nacional aplicará condiciones más estrictas. Por ejemplo, tener un plan de ahorro de un auto con menos de cinco años de antigüedad será motivo para perder el subsidio”, concluyó.