A fines de la semana pasada, los diputados oficialistas presentaron un nuevo proyecto de ley de biocombustibles. La última iniciativa reemplazaría a la actual normativa y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030. El proyecto comprende todas las actividades de "elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles", y entraría en vigor a partir del 12 de mayo, el mismo día en que vence la actual ley 26.093.
En declaraciones radiales, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Álvaro Simón Padros, destacó algunas similitudes con la normativa vigente. El funcionario explicó que principalmente la similitud está vinculada con los beneficios en la producción de biocombustibles de origen de caña de azúcar. "En ese sentido, como provincia, estamos tranquilos", sostuvo.
"Me parece que es una manera de generar valor en algunas provincias, principalmente en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, grandes productoras de granos. Cuando uno analiza cuál es la composición de las exportaciones argentinas, uno se da cuenta que las tres cuartas partes de esas exportaciones son los comoditties. Son productos con baja incidencia de tecnología. Son los granos, maíz y soja, que a través de un proceso complejo y caro se transforman en un producto diferenciado de mayor valor. En el concepto de industrializar la ruralidad esta ley iría en contra", consideró al analizar la quita de beneficios a la producción de biocombustibles de origen maíz y soja.
Otro aspecto en el que se vería favorecida la industria de la provincia, es en el aumento del corte de bioetanol para sustituir importaciones. "Eso dependerá de la necesidad. Este proyecto de ley establece un corte mínimo obligatorio del 12%. Al quitarle posibilidades de producir bioetanol a partir del maíz, seguramente se pueda producir más bioetanol de caña de azúcar. Sustituir importaciones significa mejorar la situación de la balanza comercial", señaló.