En el marco de la política de recuperación habitacional, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció en las últimas horas que Tucumán superó el cupo asignado para la construcción de 3.600 viviendas. Lo dijo durante el acto por la firma de tres convenios que permitirán sumar al municipio de Concepción al plan integral de viviendas que el Gobierno lleva adelante.
Se trata de un cupo de 170 viviendas, que también busca garantizar que trabajadoras y trabajadores que integran el Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (SIPTOS) y del Ente de Infraestructura Comunitaria, puedan contar con su techo propio.
De esta forma, Jaldo y Córdoba firmaron con el intendente Alejandro José Molinuevo un acuerdo con la municipalidad de Concepción por la construcción de 110 Viviendas. Del mismo modo, firmaron con el administrador general del Ente de Infraestructura Comunitaria, Christian Rodríguez por la construcción de 50 Viviendas. Y también acordaron con el Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (SIPTOS) en la persona del Secretario General, Luis Alberto Corbalán y Augusto Guraiib, la construcción de 20 viviendas.
“Estamos muy contentos de seguir avanzando con la ejecución de este programa que tiene que ver con construir viviendas para cada una de las familias que hoy, sin la mano del Estado, el IPV y el Gobierno provincial les sería muy difícil tener la casa propia", expresó Jaldo.
En esa línea, el mandatario provincial contó que la interventora del IPV informó que "con la suma de las viviendas que tenemos en construcción, más los convenios que ya hemos firmado, los contratos rubricados para empezar las obras y los terrenos a los que diferentes gremios y sindicatos ya terminaron de completar la documentación, pasamos el cupo de las 3.600 viviendas asignadas para Tucumán".
Asimismo, amplió: “Es una gran noticia porque además de saber que vamos a construir 3.600 viviendas, tenemos la posibilidad de ir al Gobierno nacional a través del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en busca de otro cupo más para la provincia", sostuvo Jaldo.
El Gobernador celebró que “en momentos de crisis económica, la gestión provincial sigue avanzando en la obra pública, trabajando en conjunto con el gabinete del poder ejecutivo, legislativo, intendentes, concejales y comisionados comunales”.
"Es una gestión donde tenemos obras con recursos nacionales que superan los $ 90.000 millones de pesos, financiadas por el presupuesto nacional algunas, otras por organismos internacionales como el BID, y otras por el presupuesto provincial", dijo el Gobernador quien recordó que el viernes, en su visita a Tucumán, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, garantizó que el 100% de los $ 90.000 millones están garantizados.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, en rueda de prensa, destacó que hubo un objetivo claro de llegar a alcanzar el cupo de las 3.600 viviendas. "Esto genera una sana costumbre de estar anunciando diferentes aperturas de convenios”, expresó.
“También hay que recalcar que desde el mes próximo y hasta mayo del año que viene vamos a entregando sistemáticamente junto con la interventora del IPV las casas que están construidas y planear más viviendas para que los tucumanos cumplan el sueño de tener el techo propio, dinamización la economía de la zona”, indicó el ministro.
A su turno, Stella Maris Córdoba dio detalles de los convenios firmados y remarcó que “en un esfuerzo colectivo con el municipio de Concepción, firmamos el convenio para la construcción de 110 viviendas, gestionadas por los concejales de esa ciudad, el intendente y el IPV, que permitirá a muchas familias puedan cumplir con el sueño de la casa propia”, añadió la funcionaria, quien además precisó que el plazo de obra estimado es entre 12 y 18 meses.
Siguiendo con la posibilidad del acceso a la vivienda, Córdoba precisó que junto a los trabajadores de obras sanitarias de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) “se trabajó para que en un terreno que pertenece al IPV, pero que estaba afectado a una planta de la SAT, sea destinado a la construcción de 20 viviendas para los trabajadores de ese organismo”.
Asimismo, en una tarea coordinada entre el IPV y el Ente de Infraestructura Comunitaria “serán erradicadas 50 viviendas precarias y construidas 50 nuevas en un trabajo que surge de un relevamiento presentado por el ente. El objetivo es llevarle dignidad a la gente y que tenga una casa que merece. El plazo de obras, en este caso, sería de ocho meses”.
Las inversiones destinadas a los tres proyectos de barrios suman $ 1.500 millones, indicó la interventora del IPV.
Para llegar a este día, el intendente de Concepción contó que tuvo reuniones previas con Stella Maris Córdoba "de las que resultaron estas 110 viviendas para Concepción, en un terreno que es de la municipalidad y que hará realidad el sueño de muchos vecinos”.
“Hoy firmamos el convenio para la construcción de este barrio, porque ya está el dinero que viene gestionado desde la Nación, y en los próximos 40 días se estaría iniciando la obra”, aseguró el jefe municipal.
El nuevo barrio estará ubicado en el límite sur de Concepción, cerca del lugar conocido como Los Méndez, a la vera de la ruta 38, en un amplio terreno de cinco hectáreas. “El plazo de obra será de 180 días. Por gestiones del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, los fondos para este proyecto están garantizados. En ese sentido, el municipio colabora con el inmueble y lo que sea necesario para la construcción del barrio”, añadió Molinuevo.
Por su parte, Guraiib destacó que se trata de la primera vez que la SAT rubrica un convenio con el IPV para viviendas para sus empleados. "Es un día de festejos porque se da en nuestra gestión en la que buscamos llevar más beneficios a nuestra gente", sostuvo.
Sobre el espacio donde se construirán las viviendas, Guraiib informó que “es un terreno que cedimos, era una planta de tratamiento del líquidos cloacales en Loma 600 que quedó sin funcionar en virtud de que hicimos el colector cloacal”.
Inscripción al sorteo de 600 viviendas
La funcionaria recordó, además, que se encuentra abierta la posibilidad de actualizar datos en el padrón provisorio que se ha publicado en la web del IPV para acceder al sorteo de 600 viviendas, que será el 7 de agosto. De ese total, 200 casas están en Villa Carmela, 100 en Pacará, 100 en San Andrés, 100 en Las Talitas y 100 en la ampliación del barrio Congreso, en Capital.
Respecto a las causas de exclusión del padrón de algunos inscriptos, Córdoba indicó: “para estas 600 viviendas que serán sorteadas, los ingresos de las familias deben estar entre $66.000, que tomamos como el salario básico al mes de febrero para no perjudicar a la gente que venía inscripta, y los $ 300.000 como máximo. Solo quienes perciban ingresos entre esos montos podrán participar”.
Venta ilegal de viviendas sociales
Por último, la interventora del IPV informó sobre la vivienda de la que se había hecho una publicación de venta en redes sociales, que “se pudo detectar quién era la persona, porque el número de WhatsApp brindado para la venta era el mismo que estaba registrado en el IPV, de manera que pudimos concurrir al lugar constatar que estaba desocupada la casa y hacer el arbitrio de medidas para recuperarla y hacer una denuncia penal por posible fraude al Estado”.
En el resto de los casos de viviendas otorgadas y deshabitadas, Córdoba recordó que la obligación de habitabilidad pasó a ser de cinco 5 años, en la actual gestión. “Las personas a las que se les otorga la vivienda no pueden dejar de habitarla, no la pueden alquilar ni la pueden transferir. En la gestión anterior, la obligación era de tres años; por eso, las únicas viviendas que podemos controlar son las que fueron entregadas en esta gestión, de las cuales venimos haciendo visitas periódicas y tenemos más de 300 expedientes de constatación de irregularidades en los que estamos tratando de recuperar casas”.
En ese marco, la funcionaria adelantó que presentarán un proyecto de ley para que el proceso de intimación a quienes no habitan viviendas sociales otorgadas por el Gobierno sea más ágil y sencillo.
“En cuanto a la supuesta venta, llevamos presentadas cuatro denuncias penales para que la justicia investigue a un grupo de personas que estafan a la gente, mintiendo que a cambio de cierto dinero reservaran una vivienda del IPV, con documentación apócrifa y falsa con logos del organismo”, concluyó Córdoba.