El pasado jueves, Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán firmó el decreto enviado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo para que la dieta de los legisladores quede congelada durante 180 días.
"En Tucumán, en la Legislatura las dietas de los señores legisladores van a ser congeladas a partir del 2 de enero y también para los funcionarios políticos de este cuerpo", afirmó Amado y, a su vez, adelantó que el próximo 28 de enero habrá una sesión especial para que el tema sea tratado en el recinto, ya que la medida no puede ser dispuesta por resolución interna.
"El nuevo gobierno asumió hace poco en circunstancias complicadas y creemos que la clase política es la que tiene que dar el ejemplo y las señales sobre estas decisiones que hacen a la credibilidad", añadió.
En este contexto, cabe recordar que, aproximadamente hace un mes, se dio a conocer los gastos de la Legislatura de Tucumán a través de un informe de la Fundación Libertad en donde anunciaba que cada uno de los 49 legisladores de la provincia le cuesta al Estado $85,7 millones ($ 4.200 millones es el presupuesto legislativo).
En este sentido, y ante los diversos cuestionamientos, el vicegobernador Jaldo había expresado: “Es una comparación tendenciosa, nuestros orígenes son de dos legislaturas en una”, aseguró y, al mismo tiempo explicó que la Cámara gasta al año $ 500 millones para subsidiar el boleto estudiantil de todos los niveles y de toda la provincia. Además, señaló que el pago de la cláusula gatillo duplicó el gasto salarial, y que hay unos 1.800 empleados en planta permanente y transitoria. “Se mete todo en la misma bolsa”, se quejó.
Para finalizar, Jaldo manifestó que el Poder Legislativo realizará una serie de ajustes para achicar los gastos del cuerpo que preside.
Algunas de las medidas que se implementarán tienen que ver con dar de baja a todo el personal de bloque político, tanto de los legisladores salientes como entrantes. Otra iniciativa se trata de que los legisladores no contarán con teléfono celular con abono libre. “Este año no les damos ni el teléfono, sólo el chip y con tope. Si lo excede, lo pagará el legislador”, aseguró.
Por último, debido a las restricciones financieras, el vicegobernador señaló que habrá únicamente extensiones horarias para empleados en planta permanente y transitoria (alrededor de 1.800) a quienes se les compruebe la prestación de servicio. “Para el resto, todas se eliminarán. Es una manera de achicar los costos”, fundamentó.