En los últimos años incrementaron las quejas de usuarios que desconocen que un artefacto electrónico o un determinado programa informático dejan de funcionar o se ralentizan producto de la obsolescencia programada, como se conoce al conjunto de técnicas de las que se sirve un fabricante para reducir intencionadamente la vida útil del producto que comercializa, a los efectos de acrecentar el número de reemplazos y, por consiguiente, de ventas.
El objetivo de la obsolescencia es exclusivamente el lucro económico, no teniéndose en cuenta las necesidades de los consumidores, ni las repercusiones medioambientales en la producción, y mucho menos las consecuencias que se generan desde el punto de vista de acumulación de residuos, con la concreta contaminación del medioambiente.
Ante esto, la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley integral que apunta promover la conciencia del consumidor y la sostenibilidad del producto en la República Argentina. Esta ley obligaría al fabricante a informar debidamente antes del 1º de enero de 2020 sobre la duración de los bienes que comercializa. Esta visualización deberá dar a conocer la disponibilidad de piezas de repuesto, a los efectos de informar debidamente si hay piezas disponibles o no, y exige a fabricantes y distribuidores que proporcionen las piezas esenciales para el correcto funcionamiento de los productos, a un precio justo y en plazo razonable.
Además, se prohíbe la inamovilidad de las piezas esenciales para el correcto funcionamiento de la propiedad con productos que no podrán contener partes selladas, a efectos de que puedan ser reemplazadas y arregladas, al igual que cualquier componente que viene sellado de fábrica y sean imposibles de desarmar o reparar.