La intención de convertir a la provincia en una de las productoras de vinos más importantes del país comenzó a volverse una realidad. La malograda Ruta del Vino (ver aquí) fue sólo un punto de partida, con la reglamentación de la ley 8.595, Tucumán demostró un genuino interés en la actividad.
De acuerdo con lo que se informó desde el poder ejecutivo son cuatro los impuestos que dejarán de pesar sobre las espaldas de quienes se dediquen a la vitivinicultura. Esto le servirá a la mayoría de los que aún no se animaban a apostar a la actividad, como un importante incentivo.
Estos serán los beneficios establecidos en la ley:
- Impuesto Inmobiliario, sobre los bienes raíces y sus mejoras fundarias. La Dirección General de Rentas está facultada para disponer que esta exención sea sólo parcial, a cuyos efectos tendrá en cuenta la superficie efectivamente destinada a la actividad vitivinícola sobre la superficie total sujeta al gravamen.
- Impuesto a los Ingresos Brutos, sobre el total de ventas de la producción de uva y/o de vino.
- Impuesto de Sellos, sobre los contratos de arriendo de tierras que sean destinadas, exclusivamente, a la actividad vitivinícola y/o los contratos de distribución y/o de venta de uva y/o de vino.
- Impuesto a la Salud Pública, sobre la nómina del personal afectado exclusivamente a la actividad vitivinícola.
“Los interesados en acceder a los beneficios tributarios deberán completar un formulario y adjuntar documentación específica. El formulario deberá ser presentado en el IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo), que se encargará de controlar la aplicación de la Ley, junto al Comité Vitivinícola de Tucumán (COVIT)”, señaló el comunicado.