Los contrapuntos entre la Casa de Gobierno y la Municipalidad de Tafí Viejo quedaron atrás. Una nueva señal de distensión quedó plasmada en el decreto 3.449/3 (SH), a través del cual el Poder Ejecutivo giró una asistencia financiera reintegrable por $1.035 millones a la “Ciudad del Limón” para afrontar deudas vinculadas a la prestación de servicios esenciales correspondientes a septiembre y octubre de 2025.
El envío de fondos a la administración de la intendenta peronista Alejandra Rodríguez se formalizó en el marco del Acuerdo Fiscal —antes denominado Pacto Social—, el mecanismo que permite a la Provincia transferir recursos para cubrir gastos operativos de los municipios, como sueldos, servicios y obras públicas, a cambio de la cesión de los fondos coparticipables de cada distrito.
Hasta mediados de año, la relación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Rodríguez atravesaba tensiones. La jefa municipal, esposa del diputado nacional Javier Noguera (Independencia), había decidido retirar a Tafí Viejo del Pacto Social, lo que derivó en reclamos cruzados por deudas acumuladas. Ese escenario se modificó tras el acuerdo político-electoral que permitió la unidad del peronismo dentro del frente Tucumán Primero. Como parte de esa negociación, Rodríguez volvió a adherir al Acuerdo Fiscal para el período septiembre-diciembre, con la aprobación para continuar bajo este esquema durante 2026.
El decreto y sus fundamentos
El decreto 3.449/3, firmado el 13 de noviembre y publicado recientemente en el Boletín Oficial, detalla que el municipio solicitó una asistencia financiera reintegrable para saldar compromisos vinculados a servicios esenciales. Tras los informes técnicos correspondientes y la revisión normativa, el vicegobernador Miguel Acevedo —en ejercicio del Poder Ejecutivo al momento de la firma— autorizó la transferencia a través de la Cuenta Fiduciaria del municipio. El instrumento también contó con la rúbrica del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
El fiscal municipal Víctor Schedan destacó que Tafí Viejo “es el municipio más importante de la provincia después de San Miguel de Tucumán”, tanto por población como por extensión. “Esta asistencia permite sostener el gran volumen de servicios que demanda la ciudad. Además, está en línea con el incremento proyectado en el Pacto para todos los municipios a partir de enero”, sostuvo.
Recordó que los fondos reintegrables están previstos en los convenios firmados entre la Provincia y los distritos, y señaló que en este caso la asistencia permitió cubrir servicios como recolección de residuos, alumbrado público y otras tareas esenciales. También remarcó que los sueldos se pagan “en tiempo y forma”, y valoró que el Pacto Social “aporta previsibilidad”.
Los montos asignados a otros municipios
La mayoría de los municipios se mantiene dentro del Pacto Social, un programa vigente desde la década del 2000 para garantizar el pago de salarios, la continuidad de servicios y la ejecución de obras públicas.
Según los decretos publicados, las transferencias reintegrables para cubrir compromisos de octubre alcanzaron a distritos gobernados por el oficialismo y la oposición. Entre ellos: Banda del Río Salí ($ 4.177 millones), Alderetes ($ 1.379 millones), San Isidro de Lules ($ 2.715 millones), Juan Bautista Alberdi ($ 2.481 millones), Bella Vista ($ 1.393 millones), Yerba Buena ($ 1.460 millones), Monteros ($ 3.344 millones), Simoca ($ 1.406 millones), Tafí del Valle ($1.594 millones), Tafí Viejo ($ 2.461 millones), La Cocha ($ 810 millones), Aguilares ($ 2.960 millones), Las Talitas ($ 919 millones) y Graneros ($ 1.098 millones).