Tras superar su primera revisión técnica, el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanza, aunque no sin tropiezos. El último informe del organismo multilateral, publicado durante el fin de semana, valida el cumplimiento de las metas fiscales y autoriza un nuevo desembolso por US$ 2.000 millones. Sin embargo, también hace sonar algunas alarmas sobre el futuro del programa económico: dificultades para acumular reservas, riesgos crecientes de deuda, desafíos políticos para sostener las reformas y una economía que aún camina por la cornisa.
Un contexto que mezcla alivio y advertencias
La economía argentina volvió a crecer en la primera mitad del año y la inflación, aunque todavía elevada, comenzó a desacelerarse. El FMI proyecta que el PBI se expandirá 5,5% en 2025 y que la inflación anual cerrará entre 20% y 25%, siempre que se mantenga el actual esquema de disciplina fiscal y monetaria. Pero el optimismo no es completo: el informe prevé que el ritmo de crecimiento se moderará hacia fin de año y advierte sobre nuevas presiones externas, entre ellas la reversión del superávit comercial que caracterizó a 2024.
Ese dato no es menor. El Fondo estima que la cuenta corriente volverá a ser deficitaria en 2025, como consecuencia de la recuperación del consumo y la inversión, junto con una mayor apertura cambiaria. La transición hacia una economía más integrada al mundo requerirá, entonces, nuevos flujos de financiamiento externo, y ahí empieza el verdadero reto.
Pese al ajuste inicial y la recuperación de ciertos indicadores, la acumulación de reservas sigue muy por debajo de lo esperado. A mediados de junio, las reservas netas eran negativas en US$ 4.700 millones, cuando la meta del programa preveía un piso de US$ 1.100 millones. Frente a ese desvío, el FMI aceptó reducir la exigencia de reservas para 2025, pero sin abandonar el objetivo de recomposición. Aun con la meta revisada, se requerirá una mejora de más de US$ 4.500 millones en lo que resta del año.
El plan oficial para revertir esta situación incluye privatizaciones, venta de activos, concesiones y apoyo de organismos multilaterales. También se espera que el Banco Central cumpla un rol más activo en las compras de divisas. Pero el informe sugiere que el contexto internacional y la evolución de la confianza local serán determinantes.
Por su parte, el desempeño fiscal al cierre de mayo fue sólido: el superávit primario acumulado superó la meta del programa en 0,1% del PIB gracias a ingresos por encima de lo esperado (aunque debemos aclarar que menores en términos reales) y un estricto control del gasto. Sin embargo, un dato no menor, mencionado por primera vez en un informe del FMI, es que si se computaran los intereses de bonos ajustables por inflación (los llamados bonos capitalizables), el resultado fiscal se transformaría en un déficit del 1,2% del PBI.
Mirando hacia adelante, el Gobierno ratificó su compromiso con una política fiscal más ambiciosa: busca alcanzar un superávit primario de 2,5% del PBI a partir de 2027. Para lograrlo, impulsará reformas en el sistema tributario (eliminación de exenciones y simplificación de impuestos), reducción de subsidios energéticos, una reforma previsional que incentive la formalidad y un rediseño del esquema de coparticipación federal. Todo esto con la promesa de no afectar el gasto social esencial.
¿Y el dólar? Flotación controlada, pero transitoria
El régimen cambiario sigue siendo uno de los ejes más discutidos. El FMI apoya el esquema de bandas con intervención discrecional del Banco Central para acumular reservas, pero deja claro que esta fórmula es transitoria. El objetivo de largo plazo es una flotación limpia del tipo de cambio, una meta que solo será alcanzable si se sostiene el orden fiscal, baja la inflación y mejora la credibilidad. Al mismo tiempo, el organismo celebra la continuidad del esquema de targeting monetario, con agregados como el M2 transaccional como ancla intermedia, y la política de tasas de interés definidas por el mercado para sostener la desinflación.
Según el FMI, la deuda pública argentina es “sostenible, pero no con alta probabilidad”. Esto quiere decir que su estabilidad depende de que todo salga bien: que el ajuste fiscal se sostenga, que el tipo de cambio real se estabilice, que se consiga financiamiento interno a tasas de interés más bajas y se recupere el acceso a los mercados voluntarios internacionales. Tengamos presente que, en 2025, las necesidades de financiamiento externo rondan los US$ 47.000 millones, un número elevado que deberá ser cubierto mayormente por renovación de vencimientos y financiamiento multilateral. Cualquier desviación del plan podría alterar esa delicada arquitectura.
Las reformas estructurales, un camino cuesta arriba
Privatizaciones, desregulación, cierre de fideicomisos, simplificación del Estado, modernización del régimen impositivo y reformas laborales son solo algunas de las piezas del ambicioso menú de cambios que incluye el acuerdo. Muchas de ellas ya tienen plazos establecidos, y el “Pacto de Mayo” —acuerdo político firmado por el Ejecutivo, provincias, empresarios y sindicatos— aparece, según los funcionarios que elaboraron el informe, como el paraguas institucional que podría facilitar su avance. No obstante, el FMI reconoce que el éxito de estas reformas dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener el respaldo político y social. En otras palabras, los números pueden cerrar, pero el apoyo social será clave para que el plan funcione.
En síntesis, el acuerdo con el FMI sigue en pie y, por ahora, cumple su hoja de ruta. El reporte técnico elogió lo logrado, pero no se priva de enumerar los riesgos: desde la volatilidad del contexto global hasta las tensiones internas por el ajuste. El Gobierno logró estabilizar la macroeconomía en el corto plazo, pero la verdadera batalla es otra: sostener el rumbo, construir confianza y lograr que esta vez, de verdad, sea diferente.