Desde su asunción, el Gobierno ha defendido la idea de liberar el mercado cambiario, pero lo ha condicionado al cumplimiento de diversas condiciones, resumidas ahora a la resolución de lo que el presidente Milei ha llamado “el problema de stocks del Banco Central”. En otras palabras, el cepo no puede levantarse sin un respaldo suficiente en reservas que disipe el temor a una corrida cambiaria o una crisis de confianza. Para ello, el Gobierno apuesta a una nueva negociación con el FMI que incluya fondos frescos que sirvan para robustecer el balance del Banco Central y generar el colchón necesario para una salida ordenada.
A diferencia de experiencias previas, esta vez, el levantamiento de los controles de capitales no ocurriría en un contexto de desequilibrio fiscal o presión externa incontrolable. La consolidación de un superávit primario durante 2024 y la reducción de la inflación han creado un marco de estabilidad que, en teoría, debería mitigar los riesgos de una corrección brusca en el mercado de cambios. Sin embargo, la situación dista de ser sencilla: la apreciación del peso en términos reales, la incertidumbre sobre la disponibilidad de divisas genuinas y el posible impacto electoral de una decisión de esta magnitud mantienen abiertas varias interrogantes.
Es necesario resaltar que el BCRA ha venido enfrentando un mercado cambiario mucho más desafiante y ha tenido que intervenir asiduamente en los últimos meses para mantener controlada la brecha cambiaria. Según datos oficiales, dicha intervención había alcanzado los U$S 944 millones entre el arranque de diciembre y la mitad de enero.
¿Primera mitad del año o después de las elecciones?
El factor electoral es clave en el análisis. En octubre de 2025 se celebrarán las elecciones legislativas de medio término, y los resultados definirán el margen de maniobra del Gobierno para avanzar en su agenda de reformas estructurales. En este contexto, la decisión de levantar el cepo tiene un componente político ineludible. Si se concreta en el primer semestre del año, el Gobierno apostará a cosechar los frutos de la liberalización antes de los comicios. Pero si la decisión se posterga, la incertidumbre sobre sus efectos podría hacerla políticamente inviable en la segunda mitad del año.
En términos históricos, los momentos de desregulación cambiaria en Argentina han estado marcados por desequilibrios fiscales y externos. La salida del cepo implementada en 2015 por la gestión de Mauricio Macri, por ejemplo, se produjo sin una acumulación significativa de reservas y en un contexto de déficit fiscal elevado, lo que derivó en una inestabilidad persistente. En contraste, el levantamiento del cepo actual ocurriría con una posición fiscal sólida y con la expectativa de un refuerzo de reservas, lo que reduciría los riesgos de volatilidad extrema.
Un problema de expectativas
Más allá de la coyuntura, la clave para una salida exitosa del cepo está en la administración de expectativas. Si el mercado percibe que la liberación cambiaria es un paso inevitable pero correctamente gestionado, el proceso puede desarrollarse de manera más ordenada. Pero si persisten dudas sobre la sostenibilidad del esquema posterior, la dolarización de portafolios y la fuga de capitales pueden presionar sobre el tipo de cambio y desestabilizar la macroeconomía.
La reducción del crawling peg al 1% mensual, implementada recientemente por el Banco Central, es una señal de que las autoridades confían en que el tipo de cambio oficial está relativamente alineado con el equilibrio de corto plazo. No obstante, la persistencia de una brecha cambiaria, aunque acotada, y la debilidad estructural de las reservas netas sugieren que el desafío de fondo no está resuelto.
En definitiva, el levantamiento del cepo es una necesidad para normalizar el funcionamiento de la economía y atraer inversiones, pero también es un desafío en términos políticos y macroeconómicos. Si el Gobierno logra consolidar un esquema fiscal sólido y acumular reservas suficientes, el proceso podría realizarse de manera relativamente ordenada. Pero si la postergación responde más a dudas internas que a criterios técnicos, el riesgo de que se convierta en un tema de incertidumbre permanente podría generar un clima de mayor de volatilidad.
Milei ha asegurado que el cepo desaparecerá en 2025, pero lo que aún no está claro es si el Gobierno aprovechará la oportunidad que brinda la estabilidad actual para avanzar en el primer semestre o si esperará a que pase el calendario electoral, con todo lo que ello implica. La apuesta por una salida ordenada está sobre la mesa, pero, como en toda estrategia económica, la ejecución será tan o más importante que la intención.