Tras el conflicto salarial de los choferes del transporte público en nuestra provincia, donde toda la ciudad se quedó sin el servicio, el Gobierno de Tucumán demandó a los empresarios del transporte por no cumplir con el total de los salarios de los choferes, además envió un proyecto de ley para provincializar el servicio de colectivos.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que las empresas recibieron un total de $51 millones en concepto de subsidios, con lo cual no había excusas para no pagar los salarios a los choferes. Por ello, el gobernador Juan Manzur ordenó a la Fiscalía de Estado impulsar con una demanda penal contra los propietarios de las empresas “por los problemas socioeconómicos que causó el paro”. Al mismo tiempo se fundamentó que el boleto se actualizó 3 veces el año pasado, pasando de valer $12,50 a los $30 actuales.
Tanto Manzur como el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y el ministro de Seguridad Claudio Maley, a través del proyecto buscan provincializar los servicios urbanos de pasajeros de jurisdicción municipal en todo el territorio tucumano.
El documento expresa que el Poder Ejecutivo puede revisar, reestructurar y ordenar el servicio de transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos, pudiendo al efecto sustituir, modificar, rescindir, revocar, declarar caducas concesiones, licencias, permisos, habilitaciones y autorizaciones a las empresas.
Asimismo, ante la obligatoriedad en la prestación del servicio y el derecho de acceso de los usuarios en condiciones de continuidad, regularidad, uniformidad e igualdad, el Estado debe garantizar “la protección permanente de tales derechos y garantías”, indicó el Poder Ejecutivo en uno de los fundamentos del proyecto.