Un programa de estabilización económica no sólo depende de la consistencia de las políticas adoptadas, sino también de la capacidad del Gobierno para generar confianza. En un contexto donde la credibilidad es un activo tan valioso como las reservas del Banco Central, la comunicación oficial se convierte en una pieza clave para sostener la estabilidad y proyectar previsibilidad. Sin embargo, los recientes acontecimientos vinculados a la promoción de $LIBRA por parte del presidente Javier Milei han puesto a prueba la estrategia comunicacional del Gobierno y reavivados interrogantes sobre el peso de la palabra presidencial.
La reacción ante el escándalo fue inmediata: en un intento por redirigir la conversación pública hacia su terreno más favorable, el Gobierno desplegó una ofensiva mediática con entrevistas clave de sus principales figuras. El presidente Milei intentó dar explicaciones sobre el caso, pero la entrevista no logró disipar las dudas sobre su rol en la promoción de la criptomoneda y terminó dejando varios interrogantes sin responder.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó desviar la atención hacia los éxitos del plan económico, destacando el dato de inflación de enero (2.2%, el más bajo de la gestión), el nuevo superávit fiscal mensual del primer mes del año y la cercanía de un nuevo acuerdo con el FMI que incluiría un nuevo régimen cambiario, aunque sin devaluación.
Más allá del impacto coyuntural de estas declaraciones, el episodio expone una cuestión más profunda: la credibilidad de un Gobierno no se construye sólo con discursos, sino con hechos. En política económica, la mejor comunicación es la gestión. Mientras los números de inflación y equilibrio fiscal acompañen, el Gobierno podrá mantener el control del discurso público. Pero si la percepción sobre la solidez de sus políticas se ve afectada por errores no forzados o por crisis de confianza autoinfligidas, la estabilidad lograda hasta ahora podría ponerse en riesgo.
La palabra presidencial como activo institucional y económico
En esta administración, la comunicación está híper personalizada. El presidente Milei no sólo es el principal vocero de su gobierno, sino que ha convertido su presencia mediática en una extensión de su estrategia política. Esto tiene ventajas en términos de posicionamiento y liderazgo, pero también conlleva riesgos. En circunstancias donde la palabra presidencial se vuelve central, su credibilidad es un factor determinante para la confianza de los mercados, de los inversores y de la sociedad en general.
La política económica argentina tiene una larga historia de programas de estabilización que han fracasado, en parte, por inconsistencias entre los anuncios y la implementación de las medidas. Si hay algo que distingue al actual plan es su alineación con principios de disciplina fiscal y reducción del peso del Estado en la economía, pero cualquier señal de ruido o incertidumbre puede socavar ese pilar de confianza. Cuando el presidente promueve (aunque haya sostenido que sólo la difundió) una criptomoneda y, poco después, se desentiende de las consecuencias de su colapso, lo que se erosiona no es solo su imagen, sino la credibilidad de la comunicación oficial en su conjunto.
Este episodio, además, deja una enseñanza más amplia sobre la construcción de confianza en el mediano y largo plazo. Un presidente que se presenta como garante de un cambio de régimen económico debe ser también el garante de la previsibilidad en su propio discurso. No alcanza con repetir que el programa económico es innegociable si, al mismo tiempo, la palabra oficial se ve desgastada por hechos que generan dudas sobre su consistencia o sus prioridades.
Gestión, resultados y la agenda del 2025
El Gobierno ha apostado su éxito a la estabilización macroeconómica. Hasta ahora, ha logrado avances significativos en materia fiscal y de reducción de la inflación, pero el gran desafío de 2025 es transformar esos logros iniciales en una consolidación de largo plazo. En términos económicos, esto implica sostener el superávit fiscal en un año en el que la "licuación" del gasto público ya no será tan efectiva como en 2024, garantizar que la inflación continúe descendiendo pese a los ajustes tarifarios y avanzar con reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad y destrabar la inversión.
En términos políticos, el desafío es aún mayor. Un año electoral no sólo pone a prueba la capacidad del Gobierno para mantener el rumbo, sino que también exige una estrategia de comunicación más sofisticada, en la que los éxitos de la gestión sean el eje central y no se vean eclipsados por controversias que desvíen la atención.
El presidente Milei ha prometido que el primero de enero de 2026 no habrá cepo cambiario. El ministro Caputo asegura que el nuevo acuerdo con el FMI establecerá un nuevo régimen cambiario sin devaluación. Más allá de la discusión técnica sobre la viabilidad de estos anuncios, lo cierto es que el éxito de cualquier decisión en política económica dependerá de la confianza que los actores económicos tengan en la conducción del Gobierno. Por eso, si el objetivo es consolidar la estabilidad y dar señales claras de que el modelo es sostenible, la prioridad debe ser que los hechos hablen por sí mismos.