El déficit habitacional continúa siendo uno de los principales problemas estructurales de Tucumán. Según estimaciones del Gobierno provincial, alcanza a unas 60.000 soluciones habitacionales, un concepto que no contempla únicamente la construcción de viviendas nuevas, sino también ampliaciones y refacciones de unidades existentes.
A la problemática de acceso a la vivienda se suma el desafío de sostener el recupero de las unidades ya adjudicadas. Desde el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) aseguran que la morosidad disminuyó y destacan el nuevo esquema de cuotas aplicado en las adjudicaciones, con el objetivo de preservar el capital invertido.
El interventor del IPV, Hugo Cabral, planteó que la demanda habitacional debe abordarse considerando las características de cada hogar.
“El déficit habitacional de Tucumán es enorme. Se puede revertir, pero hacen falta programas y políticas adecuadas para cada situación, porque no todo el déficit es igual. No todo es vivienda nueva, algunas son ampliaciones y otras mejoras del servicio. Además, no todo amerita el mismo tipo de vivienda, hoy estamos trabajando más con vivienda evolutiva”, afirmó.
Cabral ubicó a Tucumán dentro de una problemática que, según señaló, atraviesa a buena parte del norte argentino. “El déficit, respecto a otras provincias, es similar a todo el NOA y NEA. Todo el norte tiene el mayor déficit junto con la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.
El registro del IPV y la diferencia con el Censo
Uno de los datos que expuso el interventor es la diferencia entre la cantidad de personas inscriptas en el IPV y el déficit habitacional que surge del último Censo.
“Nosotros tenemos 61.700 inscriptos en el IPV en toda la provincia, a pesar de que el censo dice que tenemos un déficit de 33.000. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque para el censo, si estás alquilando, no estás en situación de déficit habitacional, pero en realidad la mayoría de los que alquilan no lo hacen como opción, lo hacen porque no les queda otra”, argumentó.
La diferencia entre ambos registros se vincula, según explicó Cabral, con la forma en que se mide el déficit habitacional. Mientras el Censo no considera automáticamente como déficit a un hogar que alquila, el registro del IPV reúne a quienes buscan acceder a una vivienda a través de los programas del organismo.
Nuevas cuotas vinculadas a los costos de construcción
En relación con las viviendas que ya fueron adjudicadas, Cabral afirmó que la morosidad disminuyó y que el organismo analiza de manera particular los casos de quienes no pueden afrontar las cuotas.
Para las nuevas adjudicaciones, en tanto, el IPV implementó un sistema basado en la Unidad de Vivienda de Tucumán (UVT), cuyo valor se actualiza de acuerdo con la evolución de los costos de construcción.
El objetivo, explicó el interventor, es evitar que las cuotas pierdan capacidad para recuperar el capital destinado a la construcción de las viviendas.
“Hicimos este cambio enorme porque prácticamente se estaba dilapidando el capital invertido con cuotas irrisorias. Algunos de los que menos ganan pagarán 50 UVT, los que más ganan pagarán 300 UVT; algunos pagarán la vivienda en 12 años y otros en 40, pero todos van a pagar una buena parte del capital invertido”, explicó Cabral.
De esta manera, el esquema contempla cuotas diferenciadas de acuerdo con los ingresos de los adjudicatarios y distintos plazos para cancelar las viviendas.
Cómo se define quién accede a una vivienda
Cabral también detalló el procedimiento utilizado para determinar quiénes acceden a las unidades habitacionales en los programas que no corresponden a situaciones de emergencia.
En primer lugar, se abre un período para completar las inscripciones y actualizar los datos de los postulantes. Luego se publica un padrón provisorio y, finalmente, se realiza un sorteo público ante escribano.
El proceso no termina con el sorteo. Los beneficiarios seleccionados deben presentar la documentación que permita comprobar los datos incluidos en la declaración jurada.
“Una vez que se termine el sorteo, los que han tenido la suerte de salir en beneficio tienen que presentar la documentación que acredite la veracidad de los datos que han puesto en la declaración jurada para ir al sorteo. Una vez que presenten todo eso, si está todo bien, llaman para la inspección, que la realiza una licenciada en Trabajo Social. Ella hace un informe y recién son adjudicatarios”, cerró.
Tu opinión enriquece este artículo: