El pasado jueves, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad que se disponga un cupo del 1% para garantizar el acceso al trabajo para víctimas rescatadas del delito de trata. El proyecto fue presentado por el concejal Gonzalo Carrillo.
Es un hecho histórico para Tucumán ya que la Capital se convirtió en el primer municipio del país “en generar una política pública de inclusión e igualación de derechos para las víctimas de uno de los flagelos más aberrantes del siglo XXI”, así lo destacó el portal del gobierno nacional.
La sesión contó con la presencia de Gustavo Vera, Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien brindó el apoyo y las herramientas para la concreción de la Ordenanza. Asimismo, se hizo presente Guadalupe Casas, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social provincial; y José Farhat, secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad.
“Esto es una conquista más para la ampliación de derechos”, resaltó el concejal Carrillo, que también viene trabajando en otros proyectos como ser el Proyecto del Cupo Laboral Trans y la adhesión municipal a la Ley Micaela.
“El trabajo articulado que venimos realizando junto al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en la figura de Gustavo Vera y el Delegado Regional, Rodrigo Pérez; y también con la Secretaría de Participación Ciudadana a cargo del Dr. José Farhat, hoy vio sus frutos, con la aprobación unánime de la Ordenanza por parte de todos los concejales”, había expresado Carrillo.
Con todos los bloques a favor del proyecto y a la necesidad de evitar la revictimización de las personas liberadas de redes de trata también elogiaron el esfuerzo que viene haciendo el Comité Ejecutivo en todo el país para visibilizar esta problemática y convocar a municipios y gobiernos provinciales a aportar su grano de arena a la vez que se ejecuta el plan bienal que tiene como objetivo el acceso al trabajo, la vivienda, el acompañamiento terapéutico entre otras medidas tendientes a restituir derechos para las y los sobrevivientes de la explotación sexual o laboral.
A partir de la sanción de la Ordenanza y su posterior promulgación, el Departamento Ejecutivo Municipal cuenta con 90 días para la reglamentación y efectivización de la misma.
De esta manera, el pasado jueves se vivió un hecho histórico en el Concejo Deliberante, que también contó con la rúbrica de un Convenio de Colaboración y Cooperación entre el Honorable Concejo Deliberante, representado por su presidente, Fernando Juri y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera. Por este motivo, se llevarán a cabo capacitaciones y se articulará la promoción y difusión de la Línea 145, entre otras acciones que permitan visibilizar la problemática.
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