El sistema de salud argentino atraviesa un momento crítico. Los últimos aumentos en las prepagas, que en algunos casos superaron el 145% entre noviembre/23 y marzo/24, lo que se traduce en más del doble de los índices de inflación en el mismo periodo de tiempo que rondaron el 70%, han generado un profundo malestar social y han puesto en jaque la economía de miles de familias. Ahora, tras la intervención del gobierno y la obligación a las empresas de retrotraer los precios, surge una pregunta crucial: ¿por qué el libre mercado no funciona en el sistema de salud argentino?
El libre mercado, en teoría, busca la eficiencia a través de la competencia entre empresas. Sin embargo, en el ámbito de la salud, esta lógica se ve seriamente afectada por diversas falencias.
En primer lugar, la información asimétrica es un factor preponderante. Los pacientes, en situaciones de vulnerabilidad y con escaso conocimiento médico, no se encuentran en condiciones de tomar decisiones racionales sobre su atención médica.
Sumado a esto, la salud no es un bien de consumo común. No se puede postergar o prescindir de ella, esta idea de yo pago si quiero y si no quiero no pago, no existe. Esta posibilidad de que porque la manzana está cara no la compro entonces que se pudra en la góndola, no funciona. En el sistema de salud nosotros tenemos obligaciones con nuestros asociados y los asociados tienen obligaciones para con nosotros, hay una relación contractual donde hay reglas de juego del sistema de salud que no se pueden violar.
Las consecuencias del libre mercado en el sistema de salud argentino son palpables. El aumento desmedido de los precios ha dejado a miles de personas sin cobertura médica, profundizando las desigualdades sociales y comprometiendo el derecho a la salud. Asimismo, los hospitales públicos no son capaces de soportar la demanda creciente que supera su capacidad de atención. La calidad de la atención se ve resentida, con escasez de insumos, medicamentos y personal médico capacitado.
En este contexto, la búsqueda de soluciones urgentes y a largo plazo se torna imperiosa. Se barajan diversas alternativas, como el fortalecimiento del sistema público de salud, la implementación de un sistema de precios regulados o la creación de un sistema único de salud.
Sin embargo, cualquier solución viable debe contemplar la participación activa del Estado, garantizando el derecho a la salud de calidad para todos los argentinos. La industria farmacéutica también debe asumir un rol responsable, evitando prácticas abusivas que encarezcan los medicamentos y limiten el acceso a la salud.
El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Esto implica no solo la provisión de servicios de salud pública de calidad, sino también la regulación del sistema privado para evitar abusos y garantizar el acceso universal a la atención médica.
El futuro del sistema de salud argentino es incierto. Las próximas semanas y meses serán cruciales para definir el rumbo que tomará este sector fundamental para la vida de todos los argentinos. Se espera que el debate público se enriquezca con diversas propuestas y que las autoridades tomen decisiones acertadas que garanticen el derecho a la salud de calidad para todos.
La situación actual del sistema de salud argentino exige un compromiso firme por parte de todos los actores involucrados. El Estado, las empresas de salud, los trabajadores del sector y la sociedad civil deben aunar esfuerzos para construir un sistema sanitario justo, equitativo y accesible para todos. La salud es un derecho humano fundamental, y su protección debe ser una prioridad absoluta.
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