La cadena nacional del viernes pasado no fue un mensaje más, fue una respuesta política —y en cierto modo emocional— a una semana especialmente incómoda para el oficialismo en el Congreso. La Cámara de Diputados no sólo aprobó leyes con impacto fiscal, como el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, sino que también rechazó varios Decretos de Necesidad y Urgencia que habían sido dictados cuando el Gobierno aún contaba con la delegación de facultades especiales. Y eso no fue todo: en los próximos días se debatirán otros proyectos (que cuentan con media sanción) y los vetos presidenciales a otros proyectos también con costo fiscal. La tensión es evidente.
El mensaje presidencial buscó recuperar la iniciativa, endureciendo el tono y anunciando una serie de medidas orientadas a blindar la disciplina fiscal. Entre ellas, la instrucción al Ministerio de Economía para que no se financien gastos primarios con emisión monetaria (algo que ya venía ocurriendo en los hechos), la confirmación de los vetos a las leyes mencionadas, y un proyecto para impedir que se aprueben normas con impacto presupuestario sin fuentes de financiamiento explícitas. Esta última idea, ya había sido anticipada en el artículo 1 del proyecto de Presupuesto 2025, que nunca fue tratado. Vale recordarlo: Argentina lleva dos años sin ley de presupuesto aprobada por el Congreso. Lo que deriva en discusiones permanentes y en la vocación del Parlamento por formular políticas que son resorte del Ejecutivo en el marco de las leyes de presupuesto (que deberían ser oportunamente tratadas y sancionadas).
También conviene recordar el contexto fiscal que rodea estos anuncios. Según datos oficiales, el superávit primario acumulado en el primer semestre del año fue del 1,0 % del PBI. Para alcanzar la meta anual del 1,6 % comprometida con el FMI, el segundo semestre debería mostrar un resultado incluso mejor que el del año pasado (que fue de 0,4%). Lo cual requeriría un control aún más estricto del gasto. Todo un desafío en un contexto de inflación más baja y por lo tanto con límites evidentes para seguir usando la licuadora. Además, si se computan los efectos potenciales de los proyectos ya aprobados, más aquellos en discusión, el margen desaparece rápidamente. En efecto, la totalidad de los proyectos en danza más la baja de retenciones a las exportaciones ya anunciada tienen un impacto fiscal en 2025 de alrededor de 1% del PIB. El riesgo de desvío fiscal existe, y no es menor. El ancla fiscal del programa no está en crisis, pero sí bajo una fuerte presión.
Por eso, más allá del estilo provocador del discurso, el mensaje revela otra cosa: los límites de una estrategia de gobierno basada en la excepcionalidad. Milei no es el presidente que más DNU ha firmado, pero ha hecho un uso intensivo de esa herramienta, habilitado por una amplia delegación de facultades que ahora comienza a revertirse. El rechazo de varios de sus decretos clave marca un punto de inflexión: sin apoyo legislativo, y sin capacidad de sostener la vía unilateral, al Gobierno no le queda otra que construir acuerdos. Especialmente si aspira a avanzar con una agenda de reformas que incluye, entre otras cosas, el presupuesto 2026, una nueva ley de administración financiera, una reforma previsional, otra laboral, y una revisión profunda del sistema tributario y de las relaciones fiscales entre Nación y provincias.
El problema es que el escenario político más probable —incluso después de una buena elección en octubre— sigue siendo uno de minoría legislativa. El oficialismo no tendrá los votos para aprobar reformas estructurales sin negociar. Tal vez pueda reunir el tercio necesario para sostener sus vetos, pero eso no alcanza para transformar el Estado ni para modernizar el sistema económico. Gobernar es mucho más que bloquear lo que no se quiere, también implica construir lo que se necesita.
En síntesis, la cadena nacional sirvió para reafirmar un mensaje de autoridad, pero no resolvió el dilema de fondo: cómo convertir un programa de estabilización económica en un esquema sostenible de gobernabilidad democrática. Sin presupuesto, sin leyes, sin puentes con el Congreso, el riesgo más latente es que la Argentina se quede a mitad de camino del cambio de régimen, con una macro más ordenada, pero sin reformas de fondo que la consoliden.
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