El jueves pasado ocurrió algo inédito en la historia reciente de la Argentina: el Tesoro de Estados Unidos (UST) compró pesos argentinos. La operación, que habría sido por US$ 24 Millones según información del UST llegó junto con la confirmación de un marco de swap por US$ 20.000 millones con el Banco Central y un mensaje político contundente: si hace falta, habrá medidas excepcionales adicionales en coordinación con el FMI. En el mismo comunicado, Washington avaló explícitamente el régimen de flotación administrada con bandas. Traducido: no hay cambio de régimen cambiario/monetario —no hay dolarización ni convertibilidad— y el esquema vigente será defendido, al menos por ahora. La operación habría vuelto a repetirse este miércoles: la compra de pesos de parte del UST se habría repetido este martes (US$ 17 Millones) y también este miércoles (sin información disponible aún). Dichas intervenciones sumadas a un nuevo tuit del Secretario Bessent en el que mencionó la posibilidad de ampliar el monto del respaldo a US$ 40,000 Millones, pusieron paños fríos al decepcionante (al menos para el mercado) encuentro entre el presidente Milei y Donald Trump.
¿Por qué se concretaron estos anuncios y la intervención del UST ahora? Porque todavía faltaban dos semanas hasta las elecciones y el Tesoro argentino se había quedado sin dólares para intervenir en el mercado de cambios para evitar volver al techo de la banda de flotación. Demasiado tiempo y demasiado riesgo en la previa del acto electoral. La intervención norteamericana corta esa dinámica y compra tiempo.
La compresión de la brecha cambiaria, la caída del riesgo país y la mejora de los precios de bonos y acciones es el resultado natural de la aparición de un comprador de última instancia de pesos (y eventualmente otros activos de riesgo argentinos). Ahora bien, hay un “pero” decisivo: si el respaldo se usa solo para defender una banda cambiaria desalineada, sin recentrar reglas ni objetivos, se desperdicia una oportunidad excepcional. Lo razonable sería tratar esta etapa como transición hasta las elecciones y, después, implementar un paquete integral con un régimen cambiario/monetario sin controles.
¿Por qué no alcanza con sostener el esquema actual? Porque el tipo de cambio luce desalineado para asegurar simultáneamente una cuenta corriente sustentable y un nivel de actividad consistente con los incentivos correctos. Porque la estructura de precios relativos todavía se percibe como transitoria y la presencia de controles alimenta esa expectativa. Y porque, en ese contexto y con una perspectiva de continuidad de la fragilidad política, el mercado asigna un premio por testear cualquier ancla que no esté respaldada por reglas operativas.
Al mismo tiempo, quedan vacíos estratégicos por cubrir si se pretende que la señal táctica se convierta en estabilidad más duradera: conocer las reglas del swap (tenor, colateral, condiciones de activación), los criterios de intervención (cuándo, dónde, cuánto y con qué instrumentos) y, sobre todo, el vínculo con la deuda en dólares (si habrá un componente concreto para mejorar la capacidad de pago de 2026 y abrir la puerta a mercado).
En la dimensión política, el respaldo evita una corrida en la previa electoral y limita daños tras una semana legislativa adversa y más ruido por corrupción. Pero no garantiza una reversión del clima: pesan la comunicación presidencial, la disciplina del oficialismo y de sus aliados, y la agenda mediática de las próximas dos semanas. En el mejor de los casos, frena el deterioro de las chances electorales; de ningún modo asegura su recuperación.
Nos encaminamos, en suma, a un punto de inflexión. En los próximos días se combinarán tres piezas clave: el resultado electoral, la forma que adopte el respaldo norteamericano y la decisión de avanzar —o no— hacia un programa integral, definitivo y sin adjetivos. Tal como dijo el ministro Caputo, el Gobierno descarta cambios antes de la elección. Con el UST detrás, no habrá giros hasta entonces. La pregunta clave es si los habrá después, y si serán proactivos (para consolidar el alivio) o reactivos (para apagar otro incendio).
Hoy tenemos salvavidas. La brújula todavía hay que escribirla. Si después del 26 de octubre el Gobierno demora el lanzamiento de un programa integral y sustentable —que no se lea como otra “fase” del actual—, el veranito puede durar poco.
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