El gobierno de Javier Milei, a través de su ministro de Economía, Luis Caputo, ha anticipado la intención de impulsar el uso del dólar como medio de pago en la economía argentina. Este anuncio, que ha generado especulaciones periodísticas, aún carece de detalles concretos sobre los mecanismos que facilitarían este proceso.
Aunque se mencionan posibles modificaciones tributarias, como la utilización de dólares sin necesidad de justificar su origen, persisten muchas dudas sobre cómo se implementará sin pasar por el Congreso, dado que tales cambios podrían implicar una nueva amnistía tributaria. Esta incertidumbre nos lleva a plantear dos grandes interrogantes: por un lado, la cuestión de la informalidad tributaria y, por otro, el funcionamiento práctico de la bimonetariedad en el contexto de la "Ley de Gresham”.
Informalidad tributaria y los riesgos de la propuesta
Una de las principales preocupaciones que surgen ante la posibilidad de permitir el uso de dólares sin intervención bancaria es el potencial fomento de la informalidad. En una economía donde ya existe un alto porcentaje de operaciones fuera del sistema formal, los incentivos creados por la propuesta del ministro Caputo podrían resultar perversos. Permitir el uso de dólares sin justificar su origen podría aumentar las transacciones en efectivo y sin registro, lo que potencialmente fomentaría el crecimiento de la economía en negro.
La principal preocupación se centra en el riesgo de que el origen de los fondos no sea legítimo, lo cual podría abrir la puerta a actividades ilícitas, como el lavado de dinero. Esto generaría serias implicaciones en términos de cumplimiento con normativas internacionales, particularmente las vinculadas con la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.
Además, cualquier cambio serio en la forma en que el dólar se utilizaría como medio de pago requeriría de una reforma legislativa para establecer los marcos regulatorios adecuados. Las soluciones que se propongan deberán ser muy cuidadosas para evitar efectos negativos sobre el sistema financiero y la economía en general.
En tal sentido, una alternativa más lógica y viable desde el punto de vista de los incentivos fiscales y las normativas internacionales sería impulsar la bancarización de los dólares que actualmente circulan fuera del sistema financiero. Esta estrategia permitiría un flujo más transparente de divisas, a la vez que contribuiría a la formalización de la economía, lo que podría tener efectos positivos en la recaudación fiscal y en la estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, las declaraciones del ministro Caputo sugieren un enfoque menos centrado en la bancarización y más en la flexibilización de las normativas tributarias y el uso del efectivo.
Bimonetariedad y la "Ley de Gresham": ¿Más dólares o más pesos?
Un aspecto importante de la propuesta es que la utilización de dólares que hoy están fuera del sistema para realizar transacciones podría, en teoría, suplir la necesidad de remonetizar la economía argentina a medida que crece la actividad económica, sin que ello requiera una expansión de la oferta de pesos. Esto permitiría al gobierno un mayor control sobre la política monetaria sin tener que recurrir a tasas de interés crecientes, algo que sería muy costoso tanto para el sector público como para el privado.
Este control monetario sería crucial para consolidar la desinflación, ya que no habría convalidación monetaria alguna. Sin embargo, este escenario depende crucialmente de cómo se logre equilibrar la competencia entre monedas sin provocar un colapso en la demanda de pesos. Para abordar este punto, es fundamental entender la “Ley de Gresham” y cómo puede aplicarse al caso de Argentina.
La Ley de Gresham, formulada por el economista Sir Thomas Gresham en el siglo XVI, establece que "la mala moneda expulsa a la buena". Es decir, cuando en una economía circulan dos tipos de moneda con valor diferente, la de menor valor tenderá a ser utilizada con mayor frecuencia en las transacciones, mientras que la de mayor valor será atesorada. Un fenómeno que los argentinos entendemos perfectamente y por el cual el dólar se atesora como reserva de valor mientras el peso se utiliza para las transacciones más usuales (salvo las de mayor monto para las cuales también se utiliza el dólar).
Ahora bien, permitir que se usen dólares para más transacciones, como el pago de impuestos, no necesariamente incrementará la demanda de pesos como reserva de valor, sino que podría reducirla aún más. Sobre todo si el dólar sigue siendo la moneda preferida por la mayoría de los ciudadanos para suplir esa función, dada nuestra memoria histórica de alta inflación y falta de confianza en el peso.
Si el dólar se adopta progresivamente para realizar transacciones, la demanda de pesos podría caer. Aunque la oferta de pesos se mantenga constante (o incluso se limite por la política monetaria restrictiva del Banco Central), la disminución de la demanda de pesos podría llevar a un exceso de oferta de la moneda local.
Este desajuste entre oferta y demanda podría presionar aún más al peso, deteriorando su valor y dificultando el objetivo del gobierno de acumular reservas internacionales. El uso más amplio del dólar podría tener efectos mixtos sobre la inflación. Si bien el dólar podría ayudar a estabilizar algunos precios, también podría aumentar las presiones inflacionarias en otros frentes.
La menor demanda de pesos podría aumentar la cantidad de dinero en circulación sin que se ajuste proporcionalmente la base monetaria. Esto podría resultar en una inflación más alta, a pesar de los esfuerzos por mantener una política monetaria restrictiva.
La propuesta del Gobierno de promover el uso del dólar como medio de pago presenta varios desafíos significativos en términos de informalidad tributaria y bimonetariedad. Si bien la medida podría ofrecer ciertos beneficios a corto plazo, como la estabilización del tipo de cambio y la mejora en la confianza de los actores económicos, su implementación requiere un manejo cuidadoso para evitar riesgos relacionados con la ilegalidad del origen de los fondos y la inestabilidad macroeconómica.
En última instancia, la decisión de promover la competencia de monedas debe ser cuidadosamente calibrada para no desencadenar un ciclo de deterioro del peso, lo que podría anular los beneficios potenciales de esta política. Los próximos meses serán cruciales para determinar cómo se concreta esta estrategia y si puede ayudar a movilizar la economía sin crear nuevos desequilibrios.
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