Cuando parecía que la crisis en el transporte público llegaría a su fin con el aumento en la tarifa del boleto, el gremio que nuclea a los empresarios del transporte confirmó que varias firmas solicitarán procedimientos preventivos de crisis en la Secretaría de Trabajo de la provincia.
El principal causante de esta medida es el precio regulado del boleto. Las autoridades de la Asociación de Empresas de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), le confirmaron a La Gaceta que muchas de las empresas analizarán sus posibilidades y solicitarán el trámite en la Secretaría de Trabajo dado que la última suba en el boleto no alcanza para apalear los costos.
Desde Aetat indicaron que el incremento tarifario otorgado hace una semana, del orden del 24,5% en las 14 líneas de San Miguel de Tucumán, equivale a una cifra cercana al 15% de los ingresos de las empresas. Adujeron que llevar la tarifa de $ 15,50 a $ 19,30 (la suba entró en vigencia el lunes), es insuficiente para el sector si no se eleva el aporte de subsidios o quitas impositivas al rubro.
Apostillas de una crisis arrastrada desde fines del año pasado:
- En noviembre, Aetat había presentado un informe solicitando un boleto a $ 29, pero luego reconocieron que por la crisis económica necesitaban al menos $ 24,50.
- El tratamiento de las subas fue postergado hasta la semana pasada, cuando los concejales aprobaron llevar la tarifa a $ 19,30, cifra recomendada por un informe de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte municipal.
- Un día después, la Dirección de Transporte de la Provincia ajustó la tarifa de las 56 líneas metropolitanas, interurbanas y rurales.
- Como las firmas habían anunciado que no podrían pagar los sueldos, el sindicato que nuclea a los choferes había adelantado que realizaría un paro -situación que se produjo en febrero y en diciembre del año pasado.
- Las empresas, había asegurado Jorge Berreta, vice presidente de Aetat, pudieron pagar los sueldos accediendo a financiamiento privado.
Por su parte, fuentes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmaron que, en caso de que la Secretaría de Trabajo de curso a los pedidos para iniciar un plan anticrisis de las empresas de transporte, no se verán afectadas las concesiones de líneas urbanas.
El sector está regulado en el municipio por la Ordenanza de Transporte (400, sancionada durante la última dictadura cívico-militar), y otras normas modificatorias. Como la legislación tiene más de 40 años de antigüedad, no están previstas sanciones o medidas en caso de Proceso Preventivo de Crisis de Empresa.
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