Mientras el Gobierno planea ejecutar el plan de la Reforma Laboral después de las elecciones, en caso de que el presidente sea reelegido, también evalúa en secreto un proyecto de ley para facilitar el empleo formal en las microempresas. Pero, ¿de qué se trata esta iniciativa?, en principio de una simplificación del pago de las cargas sociales junto con un esquema de contribuciones patronales reducidas.
Esta iniciativa, que ya está en las manos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, permitiría que las empresas de hasta cinco empleados paguen sus cargas en función de la facturación en lugar de la modalidad actual que se aplica por cada empleado. Este sería un paso previo al programa más ambicioso de blanqueo que el propio Sica prepara para después de las elecciones.
La propuesta de más de 30 artículos fue elaborada hace tres meses por el Consejo de Asesores del Trabajo, un grupo de expertos que desde febrero asesora al funcionario sobre el régimen de contrato de trabajo, las tendencias locales y globales en el ámbito laboral y los conflictos, así como en los planes de empleo y capacitación. "No alcanza con reducir el monto de las cotizaciones, hay que facilitar el pago de las cargas para promover la contratación en blanco", reveló a iProfesional una fuente oficial que accedió al texto de lectura reservada.
En la actualidad, un 68% del empleo no registrado se concentra en microempresas, lo que equivale a 3,1 millones de trabajadores de un total de 4,7 millones en esa situación. Para fomentar el blanqueo, el borrador prevé un sistema simplificado similar al del régimen especial del servicio doméstico, con el pago electrónico de aportes y un sistema de bandas con cotizaciones fijas, en este caso por nivel de ventas. Esto permitiría reducir los costos no salariales y evitaría la contratación de un contador para liquidar sueldos.
La medida coincide con los recientes reclamos empresarios para "descontratar". "En las microempresas industriales se perdieron 6.128 puestos registrados en los últimos tres años, es necesario repensar los esquemas para fomentar la generación de empleo en las más pequeñas y revertir la situación", dijeron desde la UIA. Por otra parte, la Cámara de Comercio (CAC) y la de la mediana empresa (CAME) exigen desde hace tiempo un tratamiento tributario por tamaño de empresa, en particular de las cargas sociales.
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