El salón central de la Sociedad Rural, será el escenario de la pantomima llamada “audiencia pública”, que es el requisito esencial establecido por ley para aplicar subas. Cualesquiera sean los resultados de los cónclaves entre usuarios, el estado y las empresas, los aumentos siempre se aplican porque las audiencias no son vinculantes.
Así que tras largas horas de innecesarias charlas, los único que restará decidir es cuál porcentaje entre el 26 y el 40 por ciento, tendrá la suba que se aplicará en los próximos meses, justo cuando comience el invierno que es cuando el consumo de gas se incrementa entre los usuarios del servicio.
La realización de las audiencias permanentes es la forma que encontró el Gobierno de cubrirse ante eventuales fallos judiciales negativos, como el de la Corte Suprema en agosto de 2016 que frenó el tarifazo y ordenó realizar aumentos graduales con previas audiencias públicas. Sin embargo, lo discutido en estos actos no es vinculante.
Las distribuidoras pedirán aumentos de entre un 33% y un 43%. El valor que cobran junto a las transportistas es de un 28%, en tanto que el precio del gas compone el 44% de la boleta. El gas en boca de pozo, justamente, pasará de un promedio de u$s 4,19 por millón de BTU a u$s 4,68 (11,7%), aunque las categorías de menor consumo verán un salto de u$s 3,17 a u$s 3,83 (20,8%). Desde abril, el Estado se encargará de subsidiar solamente el 31% del precio del gas mayorista.
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