Desde un tiempo a esta parte, el Gobierno nacional viene trabajando en una serie de medidas con las que busca frenar los índices inflacionarios que golpean la economía del país. En este contexto, y tal como se hizo con los laboratorios acordando una rebaja de precios en los medicamentos, los bolsillos tucumanos gozarán de otro alivio. Sucede que el Estado analiza la posibilidad de ponerle un “cepo” a la constante suba de precios de las prepagas.
Si se tiene en cuenta solamente el año pasado, la salud acumuló un incremento del 72,1%, siendo el rubro que mayor suba registró dentro de los que mide el Indec, impulsado precisamente por los valores de los planes de las prepagas y de los medicamentos.
Para analizar esta situación y también buscar alternativas que permitan reducir los costos que las empresas de este sector deben afrontar, hubo una reunión en la sede del Ministerio de Salud. La discusión se producirá en torno a los aumentos en las prestaciones que se darán durante este año y a la necesidad de contener los costos que afronta el sector.
En el primer caso, el compromiso de las empresas es el de retocar los valores lo menor posible durante todo el año con la posibilidad de que las subas no sean mayores a la inflación estimada por el Gobierno que para todo el 2020 debería rondar el 40%. Muy lejos de lo que fueron los índices del 2019, cuando la medicina privada cerró el ciclo con niveles récord de aumentos, incluso muy por encima de los promedios de la inflación.
El componente importado de la prestación es otro de los costos que pesa y que en el caso de prótesis e insumos, representa el 40% de los costos según estiman las empresas del sector teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones que se dieron durante el anterior gobierno y que, en el caso de la medicina, rondó el 89% solamente en el 2019.
Por eso, durante la reunión los empresarios pedirán al Gobierno que evalúe medidas que les permitan hacer frente a esa problemática que, según los representantes de clínicas, hospitales privados y sanatorios, los coloca en una situación "terminal", incluso con empresas en cesación de pago y hasta de "colapso" si no se modifican algunas regulaciones.
En la lista de pedidos, se destaca la necesidad de lograr por lo menos una rebaja del 5% del costo salarial y del 2% del costo operativo. Las medidas propuestas tienen por objetivo aliviar el altísimo costo que para los actores del sector implica operar con sujetos exentos como el PAMI y las obras sociales.
La propuesta se completa con la implementación de medidas fiscales de protección para el sector de la salud que ya fue enviada a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Se solicita también la introducción en la Ley de Presupuesto para este año de un paquete de medidas que, según sus autores, benefician a las clínicas y sanatorios privados.
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