En San Miguel de Tucumán hay 253 edificios sin certificado de final de obra y más de seis de cada diez están terminados y habitados. El dato fue informado por la directora de Catastro municipal, Nora Belloni, durante una reunión en el Concejo Deliberante, donde también se señaló que aún no se determinó cuántos de esos inmuebles presentan problemas que puedan comprometer la seguridad de sus ocupantes.

La convocatoria se realizó en el marco de la Resolución N° 5.067/26, aprobada en agosto, tras la explosión y el incendio registrados en el edificio de Monteagudo 120, ubicado frente al Concejo. El inmueble nunca había obtenido el certificado de final de obra y acumulaba intimaciones municipales desde 2018 por irregularidades. A raíz de ese episodio, los concejales Gustavo Cobos y José María Canelada propusieron realizar una auditoría. Para alcanzar un acuerdo entre los bloques, la iniciativa fue reemplazada por una reunión con las áreas municipales involucradas.

Durante el encuentro, Belloni precisó que el relevamiento comprende alrededor de 1.400 construcciones. Además, indicó que otro 8,7% de los inmuebles que carecen de certificación figura como terminado, pero desocupado. Los datos no están discriminados por zonas de la ciudad. “Mucha gente está afectada porque no puede tener sus escrituras”, señaló.

La reunión se desarrolló en el quinto piso del Concejo Deliberante y fue abierta por su presidente, Fernando Juri. Participaron las comisiones de Obras Públicas y Estética, encabezada por Federico Romano Norri, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, presidida por Facundo Vargas Aignasse. Por el Municipio asistieron Belloni, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano.

El estado de los edificios y las inspecciones

Uno de los principales interrogantes surgió ante las consultas reiteradas de los concejales sobre la existencia de edificios en los que pudiera estar en riesgo la vida de sus ocupantes. Fernández respondió que las distintas áreas municipales están cruzando información para establecer esa situación.

El funcionario informó que se inspeccionaron 112 unidades y aseguró que en ninguna se detectó peligro para sus habitantes. Sin embargo, no quedó precisado si esas construcciones forman parte del grupo de 253 inmuebles sin final de obra. “Según fuentes extraoficiales, lo que pasó en Monteagudo al 120 no está relacionado con la seguridad del edificio”, dijo.

Durante el debate, Ernesto Nagle reclamó que el trabajo se concentre en identificar las unidades que presentan riesgos y advirtió sobre las responsabilidades políticas que pueden derivarse de los incumplimientos privados. “Cuando sucedió lo del frente, la ciudadanía dijo que la culpa era de los funcionarios del Municipio y de los concejales”, recordó.

“No hay diferencia de bancada política en esto. Si la gestión privada no cumple con las cosas, dejamos en manos que pueda haber una tragedia. Nosotros y ustedes quedamos muy expuestos”, afirmó.

Controles municipales y herramientas de intervención

La discusión también abordó las herramientas disponibles para actuar frente a las irregularidades. Cobos advirtió que existen construcciones que continúan avanzando pese a las notificaciones y multas. Por ese motivo, propuso estudiar mecanismos de intervención más efectivos para impedir que los incumplimientos se prolonguen hasta que las empresas soliciten excepciones.

Por su parte, José María Franco sugirió priorizar el área central para agilizar las tareas de relevamiento.

Lobo Chaklián atribuyó parte de las irregularidades a prácticas de administraciones anteriores. “Las herencias de gestiones anteriores hay que transparentarlas y normalizarlas”, expresó.

El arquitecto también indicó que se habían identificado alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo intervino en siete. Además, sostuvo que el nuevo Código de Planeamiento Urbano debería contribuir a corregir las deficiencias existentes.