Tucumán busca sostener la actividad industrial (y reactivar la obra pública con fondos provinciales)

Tras el reclamo de la Unión Industrial, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Abad ratificaron el diálogo con el sector y defendieron la continuidad del PROCREAR como motor económico. Advirtieron sobre el impacto de la apertura de importaciones y remarcaron que la Provincia destina $ 35.000 millones anuales para contener la caída productiva.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Economía, Daniel Abad, se refirieron al reclamo de la Unión Industrial sobre despidos y paralización productiva, y aclararon dudas sobre el decreto para continuar las viviendas del PROCREAR.

Ante la preocupación por la paralización de fábricas y los despidos en Tucumán, Jaldo afirmó que “apoyamos las políticas macroeconómicas nacionales, pero reconocemos que son importantes, aunque no suficientes".

Destacó además que “la baja de recursos afecta tanto al sector público como al privado", y que el ministro Abad “viene dialogando con industriales, agricultores y comercios para buscar soluciones".

El ministro Abad explicó que "tenemos un aporte provincial de 35.000 millones anuales para actividades productivas, con exenciones tributarias para empresas que sostienen empleo".

Sobre la situación industrial puntual, mencionó a empresas que solicitaron audiencias, las cuales se están gestionando. Asimismo, subrayó que “la problemática tiene aristas nacionales, como la apertura de la economía y la baja de aranceles, que afectan la competitividad local".

Luego sostuvo que "las PyMEs y agroindustrias del norte son sectores muy intensivos en mano de obra y sufren las consecuencias en el empleo". Finalmente, anunció: "Seguiremos el diálogo y buscaremos que la Nación compense estas dificultades".

Respecto al decreto para la continuidad del PROCREAR sin licitación pública, Abad aclaró que "las 22 empresas que ganaron la licitación original continúan con el proyecto, no hay contrataciones directas ni violación de normas".

Por último, Jaldo agregó que "cuando Nación se retiró, dejaron 100 hectáreas abandonadas, 22 empresas paralizadas y 7.000 empleados sin trabajo. El gobierno de Tucumán decidió hacerse cargo para evitar mayores pérdidas". “Este es el megaproyecto habitacional más grande del país, y detenerlo significaría un desastre social y económico para la provincia”, concluyó.

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